El gobierno de coalición de izquierdas en España, liderado por el primer ministro socialista Pedro Sánchez, ha vuelto a exigir una vez más la liberación de los líderes de la oposición detenidos por parte de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Mediante un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores de España manifestó que el régimen de Managua tiene la obligación de preservar los derechos humanos de la población nicaragüense, militen o no con su ideario político.
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«El Estado de Nicaragua tiene el compromiso internacional de respetar los derechos humanos. El Gobierno de Nicaragua es responsable de preservar y garantizar las libertades fundamentales de todos los ciudadanos, sean o no simpatizantes políticos; de conformidad con el derecho internacional y su propia Constitución», señala el comunicado de la Cancillería española.
La noche del martes, ocho de junio, la dictadura nicaragüense encarceló a varios líderes opositores, entre ellos José Adán Aguerri Chamorro, expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) y miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) y a la socióloga Violeta Granera, lideresa de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB); quienes serían investigados bajo la «Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, soberanía y autodeterminación por la paz», una de las tres leyes represivas aprobadas por el orteguismo para acosar a la oposición política y sacarla de la contienda electoral.
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A esto se le suma el encarcelamiento arbitrario de los pre-candidatos presidenciales Cristiana Chamorro Barrios, Arturo Cruz Sequeira, Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro, encarcelados en procesos de judicialización política sin garantías procesales ni respeto al debido proceso.
Madrid insta a Managua a liberar a opositores
«El Gobierno de España pide la liberación inmediata de los precandidatos detenidos, encarcelados o retenidos Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro y de otros opositores; así como que se ponga fin a la persecución de actores políticos y sociales y de medios de comunicación independientes», subraya el Ejecutivo de Madrid.
Este es el segundo comunicado del gobierno español en menos de una semana sobre la situación sociopolítica de Nicaragua, tras el emitido el cuatro de junio donde remarcaba que la nueva ola represiva del régimen orteguista «pone en riesgo la legitimidad democrática de las elecciones generales del próximo siete de noviembre».
