La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, a través de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), impidió, de forma arbitraria la salida de Nicaragua al director ejecutivo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Marcos Carmona, cuando intentaba viajar con destino a Estados Unidos para atender su salud y visitar a sus familiares.
Durante una conferencia de prensa, brindada este viernes, seis de agosto, Carmona junto a directivos de la CPDH denunciaron el abuso cometido por Migración que obedece órdenes de la dictadura y sin mayores explicaciones le confiscaron su pasaporte. Los oficiales le comunicaron que tenía restricción migratoria aunque contra el afectado no hay ningún proceso judicial en curso.
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«Cuando me encontraba haciendo fila (en el Aeropuerto Internacional de Managua), se acercó un oficial de Migración. Pensé que era un chequeo rutinario, pero me indicó que lo acompañara a la oficina. Esperé un par de minutos, llamé a la oficina de la CPDH y en la oficina, el funcionario de Migración me dijo de forma prepotente que no iba a salir del país, porque tenía restricción migratoria. Le pregunté que si había alguna orden judicial o algún proceso en mi contra y respondió que no tenía conocimiento de eso y que solo estaba cumpliendo órdenes de la dirección superior y que el pasaporte queda retenido», relató en su denuncia el defensor de derechos humanos.
Carmona señaló que ese hecho es un abuso más del Gobierno de los Ortega-Murillo, ya que le están limitando sus derechos como nicaragüense. «Me están violando mis derechos y garantías constitucionales. No es posible que un funcionario (estatal) esté por encima de la Constitución Política. Voy a seguir insistiendo en recuperar mi pasaporte. No me han dado ninguna razón lógica ni jurídica del porqué me retuvieron mi pasaporte», insistió el director ejecutivo de la CPDH.
Por su parte, la abogada y también directiva de ese organismo defensor, Karla Sequeira, calificó de arbitrariedad la retención migratoria impuesta por el régimen contra el abogado Carmona, pues esa medida solo puede ser dictada por un juez competente a través de un auto que dicte una medida cautelar, cuando hay un proceso judicial en contra de la persona retenida y anunció que procederán a interponer un recurso de amparo.
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«La CPDH hace pública la arbitrariedad cometida en contra de su secretario ejecutivo. Vamos a realizar todas las gestiones que están al alcance para resarcir esta arbitrariedad. Vamos a interponer un recurso de amparo. Esto es un abuso de parte de la institución. Vamos a interponer un recurso de exhibición personal por la amenaza de la DGME de restricción migratoria, pues esa restricción solo puede ser dictada mediante auto por un juez competente por una medida cautelar, pero no es este el caso porque no hay ningún proceso en contra del doctor Carmona», adelantó la abogada Sequeira.
El director ejecutivo de la CPDH relató que su viaje a Estados Unidos obedecía a la necesidad de atender su salud debido a que hace unas semanas fue sometido a una cirugía y ahora requiere tratamiento médico. Además, pretendía visitar a unos familiares y de paso aprovechar para vacunarse contra el COVID-19. El viaje era estrictamente personal, no era de trabajo, reiteró.
«Los nicaragüenses estamos en un estado de indefensión total desde hace mucho tiempo. Hemos perdido el derecho constitucional que tenemos como ciudadanos. Los funcionarios se creen que están por encima de la Constitución, se creen que están por encima de las Leyes», reprochó el defensor.
Teme por su libertad
Carmona aseguró que pese a la latente amenaza seguirá haciendo su trabajo enfocado en abogar por el respeto a los derechos humanos, aunque sabe, según dijo, que están expuestos a la cárcel y hasta un atentado contra su vida.
La dictadura Ortega-Murillo ya ordenó la detención de la abogada y funcionaria de la CPDH, María Oviedo, quien fue llevada a la cárcel el 29 de julio cuando la Policía allanó su vivienda en la ciudad de León. Tras detenerla, la trasladó a las cárceles de la Dirección de Auxilio Policial conocida como El Nuevo Chipote donde hasta la fecha se mantiene incomunicada.
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La defensora de derechos humanos, según la información oficial del orteguista Ministerio Público, está siendo investigada de conformidad con la ley represiva 1055, porque supuestamente, con su labor realiza actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación, incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos de Nicaragua.
«Desde los orígenes de la CPDH en los años 70, muchos directivos y funcionarios han sido detenidos, ese es el riesgo que corremos los defensores de derechos humanos, porque los gobiernos nos miran como sus enemigos, pero nosotros hemos reiterado muchas veces que no somos enemigos de ningún Gobierno, pero sí somos enemigos de los que violan derechos humanos y abusan de su autoridad. No descartamos que nos detengan, todos estamos expuestos, no solo a que nos lleven a la cárcel sino que hasta atenten contra nuestras vidas», advirtió Carmona.