La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) de Perú expresó su preocupación ante la inhibición y detención de la aspirante a la vicepresidencia Berenice Quezada, quien era la fórmula presidencial junto a Óscar Sobalvarro por el partido Ciudadanos por la Libertad (CxL), agrupación que este se seis de agosto fue despojado de su personalidad jurídica en una artimaña orquestada entre el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y el orteguista Consejo Supremo Electoral (CSE).
El organismo peruano resalta que a Quezada le impidieron seguir compitiendo por la Vicepresidencia de Nicaragua por brindar simples declaraciones a las afueras del CSE, con las cuales instó a la ciudadanía a que vaya a votar masivamente para así salir de la dictadura.
La entidad no gubernamental dedicada a la defensa y promoción de los derechos humanos en Latinoamérica demanda a Daniel Ortega respetar la libertad de expresión en el marco de un debate democrático apostando al cese de las detenciones arbitrarias y la persecución por parte de fuerzas gubernamentales a los candidatos políticos, de cara a las elecciones generales.
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«Lo ocurrido con (Berenice) Quezada se da en contexto de serios cuestionamientos al gobierno de Daniel Ortega por la represión ejercida contra sus contendores políticos, con detenciones e inhabilitaciones, a raíz de las manifestaciones antigubernamentales del año 2018», denuncia la ONG.
El organismo también hace eco de los secuestros a ocho candidatos presidenciales, que en su mayoría son acusados de traición a la patria, «conforme una cuestionable ley que se aprobó en diciembre de 2020, por pedido del gobierno, que castiga con cárcel a quienes promuevan la injerencia extranjera y apoyen las sanciones internacionales», añaden.
Expresan su preocupación por «la delicada situación de los derechos humanos en Nicaragua», especialmente por los ocho candidatos detenidos en el contexto electoral, las inhibiciones y el retiro de personalidades jurídicas a partidos políticos. Las denuncias de anomalías en este proceso preelectoral alarma a la comunidad internacional y organismos independientes.
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Ortega busca su reelección por cuarta vez consecutiva y la segunda acompañado de su esposa Rosario Murillo, en la Vicepresidencia, luego de ordenar una modificación constitucional para garantizarse la reelección indefinida en el poder.
Los ataques a opositores, aseguran analistas, se deben a que Ortega pretende ir a las elecciones con sus propias reglas, con los «rivales» que él designe y sin tener que enfrentarse a sus verdaderos adversarios.
