El organismo defensor Amnistía Internacional (AI) advirtió que la candidatura del dictador Daniel Ortega, para buscar su cuarto período presidencial consecutivo, es una forma de perpetuar la impunidad ante las «graves violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional cometidos bajo su mando».
A través de una nota de prensa publicada en el sitio de internet oficial del organismo, Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, expresa que «mientras se anuncia la candidatura de Daniel Ortega, miles de víctimas de violaciones a derechos humanos siguen esperando justicia por los crímenes cometidos por las autoridades nicaragüenses bajo su gobierno».
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«Mantener las estructuras que han asegurado la impunidad no puede ser la base para la construcción del futuro del país. Para salir de la crisis se necesita que las violaciones a los derechos humanos se detengan, que los señalados como sospechosos sean investigados con imparcialidad y prontamente y que las víctimas obtengan justicia, verdad y reparación».
Amnistía Internacional recuerda que durante la crisis de derechos humanos, recrudecida tras la rebelión popular de abril del 2018, el régimen de Daniel Ortega ha echado mano de los órganos judicial y legislativo para implementar tácticas represivas, lo que le ha permitido a la dictadura construir un sistema que garantiza la impunidad y que individuos acusados de cometer crímenes del derecho internacional eviten comparecer ante la justicia.
Asimismo, la nota del organismo recuerda que en el 2018, el informe de Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), enviado a Nicaragua por la Organización de Estados Americanos (OEA), determinó que «las autoridades nicaragüenses cometieron crímenes de lesa humanidad».
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En aquella ocasión el GIEI, en su informe final señaló que «existen elementos que llevan a pensar que los crímenes cometidos (en la represión iniciada durante las protestas del 2018) fueron tolerados, alentados u ordenados por las máximas autoridades, incluyendo al presidente del país (Daniel Ortega), quien además ejerce como Jefe Supremo de la Policía Nacional, rango más alto del mando institucional».
El organismo internacional defensor de los derechos humanos resalta que de acuerdo con los estándares internacionales, «existe una sospecha fundada del involucramiento de funcionarios públicos, en particular los que pertenezcan a los sectores militar, de seguridad, policial, de inteligencia y judicial, en crímenes del derecho internacional o graves violaciones de derechos humanos», y agrega que esos elementos no deberían continuar al servicio de las instituciones estatales, hasta tanto concluyan las investigaciones en su contra.
«Actualmente ninguna persona acusada de cometer crímenes del derecho internacional está siendo investigada. Al contrario, Daniel Ortega se erige nuevamente como candidato a la presidencia, en cuyo cargo será inmune a cualquier investigación en su contra», advirtió Erika Guevara Rosas.
Comunidad internacional debe actuar
«Cualquier Estado que tenga bajo su jurisdicción una persona acusada de estos graves hechos, debe hacerla comparecer ante la justicia. La comunidad internacional no puede quedarse cruzada de brazos si algún individuo sospechoso de la comisión de estos crímenes está en su territorio», sentenció la defensora.
Amnistía internacional critica que, durante el presente año, cuando se deben realizar elecciones presidenciales, el régimen ha desatado una escalada de represión con la consecuente violaciones a los derechos humanos, incluyendo el derecho a la libertad de expresión y asociación, y reiterados obstáculos al ejercicio de derechos políticos.
En ese sentido el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha reiterado que «la libertad de expresión, de reunión y la de asociación son condiciones esenciales para el ejercicio efectivo del derecho de voto y, por ende, deben protegerse plenamente», no obstante, dice Amnistía Internacional, «en Nicaragua el ejercicio de estos derechos es parte de una realidad inalcanzable».
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Como parte de esa escalada represiva que denuncian los organismos defensores internacionales, la dictadura ha llevado a la cárcel o decretado arresto domiciliario a más de 30 dirigentes y activistas opositores, entre los que se cuentan siete precandidatos presidenciales, líderes estudiantiles, dirigentes campesinos, empresarios y un periodista.
«Con estos hechos queda claro que el camino hacia las elecciones estará plagado de acciones represivas implementadas para imposibilitar que la población pueda ejercer sus derechos políticos sin temor a represalias. La detención de aspirantes a la presidencia también podría constituir una afrenta al ejercicio de los derechos políticos de la población», concluye la nota de AI.
