Se cumplen 15 horas del arresto arbitrario en contra del periodista deportivo Miguel Mendoza, por parte de la Policía al servicio del régimen de Daniel Ortega, quien luego de la detención, informó a través de una nota de prensa que el comunicador está siendo investigado por «atentar contra la patria». La dictadura se justifica bajo el artículo 1 de la Ley No. 1055, «Ley de Defensa de los Derechos del pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz».
El periodista Cristopher Mendoza, sobrino del cronista deportivo, dijo por vía telefónica a Artículo 66 que la captura de Mendoza Urbina, ejecutada la noche del lunes, 21 de junio, fue cuando este se encontraba fuera de su vivienda realizando una diligencias personales.
«A las nueve de la noche, la Policía allanó la casa de Miguel (Mendoza) y robó todos los equipos electrónicos para comunicarse. te puede decir que mi tío no se encontraba en su casa; gracias a Dios su pequeña hija no vio el momento de la captura», expresó Mendoza, quien aseguró no saber en qué parte de Managua fue detenido el periodista deportivo.
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Hasta el momento los familiares del periodista Miguel Mendoza desconocen su situación ni en qué delegación policial se encuentra recluido. Según Mendoza, están en busca de información y asesorándose con un abogado para que lleve el caso.
«El régimen intenta callar al periodismo»
Para el periodista Mendoza, quien labora para el medio digital Onda Local, el régimen ha incrementado el hostigamiento y asedio con el fin de callar al periodismo independiente y silenciar toda voz crítica. «Miguel Mendoza es un periodista especializado en deporte, que ha ejercido su derecho a la libertad de expresión como lo plantea la Constitución Política».
«En un país serio es normal cuestionar al presidente, es normal cuestionar a los diputados, es normal cuestionar a las organizaciones, pero este Gobierno encarcela hasta a las personas que aplauden sanciones por parte de la comunidad internacional», agregó el comunicador.
Los periodistas Miguel Mendoza y Miguel Mora forman parte de los nuevos presos políticos a quien la dictadura de Daniel Ortega le ha impuesto cárcel por ejercer su derecho a la libertad de expresión e informar. Los acusa de «realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía, y la autodeterminación, incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pedir intervenciones militares, organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización, proponer y gestionar bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones, demandar, exaltar y aplaudir la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos, y lesionar los intereses supremos de la nación».
Esta acusación es la misma que la justicia orteguista ha hecho en contra de los 19 nuevos presos políticos, a quienes encarcela, sin derecho a ser vistos por sus familiares, además de aplicarles la reforma al Código Procesal Penal que permite detener «bajo proceso investigativo» a un ciudadano hasta por 90 días.
