En el reciente informe de Human Rights Watch: «Arremetida contra críticos: Persecución y detención de opositores, defensores de derechos humanos y periodistas de cara a las elecciones en Nicaragua», publicado este martes, 23 de junio, detalla la actual crisis que vive el país tras la escalada de violaciones a los derechos humanos por parte de la administración de Daniel Ortega.
La organización de derechos humanos documentó a través de entrevistas y estudios un sinnúmero de ataques contra opositores que va de desde secuestros, allanamientos ilegales, censura, restricción de salir de casas, entre oros abusos, que en los últimos meses se han intensificado.
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«De cara a las elecciones presidenciales del 7 de noviembre de 2021, el gobierno del Presidente Daniel Ortega ha iniciado una campaña de detenciones arbitrarias y persecución contra críticos del gobierno, incluidos prominentes opositores políticos, defensores de derechos humanos y periodistas», señala el informe.
En cuanto a la fuerza que ejerce el dictador Daniel Ortega para controlar los poderes del Estado y mantener la represión en Nicaragua, Human Rights Watch afirmó que el régimen se ha aprovechado de su mayoría en la Asamblea Nacional para adoptar restricciones amplias que socavan gravemente derechos humanos fundamentales.
También hace mención que la tiranía de Nicaragua hizo una reforma electoral que más bien facilita la posibilidad la inhabilitación a opositores políticos y señala que «el gobierno también ha retenido el control del Consejo Supremo Electoral (CSE), el organismo de supervisión electoral de Nicaragua, luego de que la Asamblea Nacional designara a nuevos miembros del CSE, todos ellos afines al gobierno. Pocos días después, este órgano canceló la personalidad jurídica de un partido de oposición que funcionaba como el vehículo electoral de una de las dos principales coaliciones opositora».
Cinco presidenciables presos
El informe de HRW refiere la detención de cinco aspirantes a la Presidencia de Nicaragua, que fueron encarcelados entre finales de mayo e inicios de junio. Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Juan Sebastián Chamorro, Félix Maradiaga y Miguel Mora, este último secuestrado el domingo, 20 de junio, son los nombres de los precandidatos cautivos por el régimen.
«Cristiana Chamorro está siendo investigada por presunto lavado de dinero y “falsedad ideológica”, entre otros cargos (…), Arturo Cruz Sequeira fue detenido por la Policía al bajar de un avión procedente de Estados Unidos, por supuestamente “atentar contra la sociedad nicaragüense” (…), Félix Maradiaga está siendo investigado por supuestamente “pedir intervenciones militares”, “organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización” (…)».
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«Juan Sebastián Chamorro fue detenido el mismo día que Maradiaga. Se lo acusó de los mismos delitos. También se encontraba incomunicado y, al parecer, en El Chipote». El 20 de junio detuvieron a candidato presidencial de oposición, Miguel Mora Barberena. Todas estas personas están siendo investigadas por presuntamente “pedir intervenciones militares”, “organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización”, “demandar, exaltar y aplaudir la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos” e incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos». señala el informe.
Demandan presión internacional
Por su parte, José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, calificó de «grave y brutal» la crisis política que vive Nicaragua, tras la represión contra críticos y miembros de la oposición por parte del gobierno de Daniel Ortega, además del diseño de leyes que inhiben a aspirante a la Presidencia y bloquean la libertad de expresión. Ante esto, Vivanco expresó que «es necesario que se redoble la presión internacional».
Además señaló que es fundamental que el secretario general de la ONU, António Guterres, «potencie las acciones y presente esta situación ante el Consejo de Seguridad».
«Ante los intentos flagrantes del gobierno de Ortega por debilitar las instituciones democráticas fundamentales y avasallar los derechos de los nicaragüenses, es crucial que los actores internacionales comprometidos con la defensa de los derechos humanos y la democracia respondan con mayor contundencia», agrega.
Human Rights Watch insiste en que la comunidad internacional debe redoblar la presión sobre las autoridades nicaragüenses para que pongan fin a la escalada represiva actual, aseguren que los responsables sean llevados ante la justicia y garanticen que los nicaragüenses puedan ejercer sus derechos políticos en elecciones libres y justas.
Represión continúa
En el informe , HRW afirma que Daniel Ortega Ortega ejerce un control directo sobre las fuerzas de seguridad y que es común que policías y paramilitares «hagan guardia frente a las residencias de críticos para impedir que salgan de sus hogares, en circunstancias que constituyen detención arbitraria».
En entrevistas a 53 personas, incluyendo 46 activistas, abogados, periodistas, defensores de derechos humanos y opositores políticos, las víctimas revelaron a Human Rights Watch no poder visitar a amigos o familiares, asistir a reuniones, ir a trabajar o participar en protestas o actividades políticas. «Algunas no pudieron llevar a sus hijos a la escuela o a citas médicas. Hemos documentado tres casos de mujeres que sufrieron acoso y agresión sexual durante su detención».
En el informe también se denuncia el secuestro de la activista de derechos humanos y estudiante universitaria Valeska Sandoval, de 22 años, la que fue forzada a subir a un vehículo policial sin que le ofrecieran ninguna explicación el 24 de abril de 2021.
«Sandoval relató que, en la cárcel de El Chipote, “dos agentes me llevaron a una suerte de bodega y me ataron las manos al techo con un cable, obligándome a quedar parada con las manos sobre mi cabeza”. Un oficial le preguntó “qué había dicho en Estados Unidos”, donde Valeska había intentado pedir asilo, sin éxito, antes de ser deportada de regreso a Nicaragua».
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Según el organismo, Sandoval relató que agentes antidisturbios la abofetearon, le dieron puñetazos en el estómago y la llevaron hasta un tanque de agua. “Me sumergieron la cabeza en el agua reiteradamente a lo largo de 20 minutos” y que cuando la liberaron, los agentes le advirtieron: «La próxima vez que te veamos, vamos a matarte».
Human Rights Watch concluyó insistiendo en que los altos funcionarios de la ONU y los países miembros interesados en promover los derechos humanos deberían prevenir una crisis regional si aumentan la presión sobre Ortega para que ponga fin ahora a la represión. «Deben hacerlo ahora, antes de que sea muy tarde».
