Este lunes, dos de agosto, se dieron a conocer las sanciones de la Unión Europea (UE) a la vicemandataria de Nicaragua, Rosario Murillo, y otros siete ejecutores de la represión en el régimen sandinista. La medida fue impuesta, casualmente, mismo día de la inscripciones de los precandidatos a la presidencia del país, donde se da por descontado que también se efectuará la postulación de la propia Murillo, en fórmula con su esposo, el dictador Daniel Ortega para los comicios previstos para noviembre próximo.
La Eurocámara responde con más sanciones luego de la escalada represiva de Ortega en contra de los opositores que se ha visto incrementada durante el proceso electoral y la poca disposición del régimen a una solución a la crisis que atraviesa Nicaragua. En el listado se encuentran ocho funcionarios de la dictadura, seguido de Murillo, su hijo Juan Carlos Ortega Murillo; la fiscal general de la República, Ana Julia Guido; el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras; al asesor presidencial para temas económicos, Bayardo Arce; y la presidenta de la Corte Suprema de justicia, Alba Luz Ramos.
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Completan la lista los jefes policiales al servicio de Ortega-Murillo, el comisionado general de la Policía de León, Fidel Domínguez; y el Jefe del Departamento de Vigilancia y Patrullaje de la Policía Nacional, comisionado Juan Valle Valle.
«El Consejo ha impuesto medidas restrictivas a ocho personas más, responsables de graves violaciones de derechos humanos en Nicaragua y cuyas acciones socavaron la democracia o el estado de derecho, incluida la vicepresidenta Rosario Murillo. Estas medidas están dirigidas a las personas y están diseñadas de esta manera para no dañar a la población nicaragüense ni a la economía nicaragüense», encabeza el comunicado de la Unión Europea.
La Unión Europea le resta credibilidad a las elecciones que prepara Ortega, asegurando que «el uso político del sistema judicial, la exclusión de candidatos de las elecciones y la exclusión arbitraria de los partidos de oposición son contrarios a los principios democráticos básicos y constituyen una grave violación de los derechos del pueblo nicaragüense», aseguran que el mandatario incumplió con las recomendaciones que las Misiones de Observación Electoral de la OEA y la UE designaron al Gobierno de Nicaragua, recomendaciones apegadas a los estándares legales internacionales.
El eurodiputado, José Ramón Bauzá, celebró las sanciones impuestas a los funcionarios del régimen Ortega-Murillo, y a su hijo, Juan Carlos Ortega Murillo, el asesor presidencial Bayardo Arce, junto a otros cinco funcionarios que se suman a las medidas de la Unión Europea.
En una entrevista de Bauzá al medio de comunicación 100% noticias, afirmó que «Europa se va a convertir en la pesadilla del régimen y este bloque de ocho sancionados es el comienzo para más medidas restrictivas». A su vez, amenazó que «nos falta uno, nos falta el más importante, nos falta el Presidente, el dictador que en este caso es Daniel Ortega».
El eurodiputado ha sido un critico contundente de la dictadura de Nicaragua y ha solicitado en numerosas ocasiones medidas fuertes hacia Ortega y toda su cúpula, medidas que ejerzan presión para «conseguir la democracia» en el país.
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En total se suman 14 funcionarios sancionados después las primeras medidas de castigo impuestas el cuatro de mayo de 2020, que fueron renovadas el 12 de octubre. Los sancionados están sujetos a una congelación de activos y los ciudadanos y las empresas de la UE tienen prohibido poner fondos a su disposición. Además, están sujetos a una prohibición de viajar, lo que les impide entrar o transitar por los territorios de la Unión Europea.
Las sanciones de hoy son una muestra clara del apoyo de la UE a una solución democrática, pacífica y negociada a la crisis política en Nicaragua, a su vez han solicitado un dialogo en significativo con la oposición sobre las reformas electorales, exigen el respeto a los derechos humanos y a la Constitución de Nicaragua siendo parte de sus propios compromisos.
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«La detención de un séptimo candidato presidencial potencial el pasado fin de semana ilustra tristemente la magnitud de la represión en Nicaragua y proyecta un panorama sombrío para las próximas elecciones», el último candidato detenido fue Noel Vidaurre, luego de ser citado ante la fiscalía bajo la Ley 1055 «Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz», bajo la que han encarcelado a una gran cantidad de opositores. Reafirman su condena a la represión sistemática por parte de las autoridades del país.
También rechazan el combo de leyes restrictivas aplicadas por el Gobierno para reprimir y encarcelar a más de 130 opositores a los que según organismos de derechos humanos se les han violado sus derechos fundamentales al negarles acompañamiento de sus familiares y asesores legales en el proceso montado por Ortega.
Las sanciones economicas y prohibicion de transitar por territorio Europeo esclusivamente para la dictadura y su entorno, ellos las vuelcan al pueblo reprimiendolo, carcel, asesinandolo y una nueva metodologia de confiscacion y/o robo, la dictadura lo que esta haciendo es armando un ejercito de detenidos dentro de la carcel porque los mismos guardias de seguridad de los penales ya dijeros que estan hartos de tantas injusticia y maldad y seran ellos mismo que abriran las carceles para liberar al pueblo y hacer justicia, la conciencia del pueblo nunca sera encarcelada ni pisoteada al contrario, sera justiciera en su momento cuando mas le duela a la dictadura..
Estamos secuestrados todos los Nicaragüenses por este par de asesino porque la Ley Renacer no la hacen efectiva pronto antes de las elecciones necesitamos que estas elecciones sean declaradas ilegítimas por que este genocida no cumplió con la resolución del 20 de octubre del 2020 y que declaren al partido FSLN partido terrorista