La dictadura Ortega-Murillo emprendió una escalada represiva contra los Organismos No Gubernamentales dedicados al tema de la salud que han criticado la gestión del régimen a la crisis del COVID-19 y ordenó el allanamiento de las instalaciones del Centro de Estudios y Promoción Social (CEPS), dirigido por el doctor Leonel Argüello.
De acuerdo con información circulada en redes sociales, efectivos de la Policía al servicio de la dictadura llegaron hasta esa ONG y ejecutaron el operativo. La acción se dio luego que los diputados orteguistas en la Asamblea Nacional despojaran de sus personalidades jurídicas a 24 organismos de la sociedad civil que se dedicaban a trabajar en la promoción y asistencia en salud, y desde donde se señalaban las irregularidades que ha desarrollado el Gobierno para atender la crisis sanitaria provocada por la pandemia el coronavirus.
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Según el sitio web oficial del CEPS, esa entidad viene trabajando desde hace 27 años en Nicaragua en proyectos de salud materno infantil, salud sexual reproductiva y VIH/Sida. Además, ha atendido trabajos relacionados con la violencia basada en género y generacional.
Los proyectos del ONG asaltado por la dictadura se han enfocado desarrollo socio-económico; gobernabilidad y participación ciudadana; agua, saneamiento y medio ambiente; seguridad alimentaria y nutricional, emergencia ante desastres naturales.
Además ha sido parte de una extensa red de organizaciones nacionales e internacionales entre las que destacan la Red Regional de Organizaciones Civiles para las Migraciones (RROCM), la Coordinadora de los ONG’s de la niñez (CODENI), la Comisión Nacional de Lucha Contra el SIDA desde la Sociedad Civil (CNLCSSC), y la Red Mesoamericana para la prevención del VIH/SIDA en poblaciones móviles y migrantes.
Su director, el médico especialista Leonel Argüello, también integrante del Comité Científico Multidisciplinario, se ha convertido en una de las voces más críticas contra la dictadura de Daniel ortega y Rosario Murillo, a quienes les ha enfatizado los errores que han cometido en torno a la atención de la actual crisis sanitaria. Su presencia es notable en constantes llamados a la población a cuidarse del COVID-19, lo que contradice con la política del régimen que a menudo llama a la población a participar en actividades de aglomeración poniendo en riesgo la salud pública.
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Estos hechos, han alentado a la dictadura a iniciar una escalada represiva contra todos los organismos de la sociedad civil que contradicen su política de «no está pasando nada» y utilizando una de sus leyes represivas recientemente aprobada, la Ley de Ciberdelitos, para acusar a médicos independientes de divulgar información falsa en torno a la pandemia y finalmente ordenó a sus diputados en la Asamblea Nacional eliminar a esas entidades.
El CEPS es el primero de los 24 ONG desaforados que es allanado por la Policía. Una fuente cercana a la organización dijo que los directivos están a la expectativa de los que pueda pasar en los días siguientes, pues creen que el régimen ordenará el allanamiento a otras oficinas que tienen en otros departamentos del país y que les robarán todas las pertenecías con las que atienden a la población beneficiaria de sus proyectos.
