José Antonio Peraza Collado se convirtió en el más reciente opositor al que el régimen de Daniel Ortega le recetó cárcel, acusándolo de «traidor a la patria» y de «aplaudir y promover sanciones». Esos actos se los achaca a través de su represiva Ley 1055 o Ley de Soberanía, la que la administración de turno ha usado para encarcelar a cerca de una treintena de adversarios políticos.
Peraza es integrante del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) y director del Grupo Pro Reformas Electorales (GPRE). Con esta detención arbitraria, ya son nueve dirigentes de la UNAB encarcelados. Horas después del arresto, se difundió un video del politólogo en el que recalcó que la dictadura Ortega-Murillo vive sus últimos momentos y que estos apresamientos responden a acciones desesperadas de la pareja presidencial.
Organizaciones nicaragüenses repudiaron la detención contra José Antonio Peraza. La UNAB, agrupación a la que pertenece el ahora secuestrado, le recordó al régimen que nada los doblegará ni encerrará la convicción por alcanzar una Nicaragua libre y democrática. Aseguraron que han elevado la denuncia por estos arrestos ante la comunidad internacional y que esto solo deja claro que el régimen de Ortega se siente derrotado y que «sabe que le llegó la hora».
Por su parte, la Unión Democrática Renovadora (Unamos) denunció el nuevo acto represivo, resaltando que esta embestida llega amparada en las «leyes espurias y absurdas» creadas por el orteguismo. Asimismo, reprocharon el aislamiento y los procesos ilegales a los que están siendo sometidos los nuevos presos políticos, donde todos sus derechos están siendo atropellados.
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El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca+ también se pronunció en esa línea y condenó la captura arbitraria de Peraza. La entidad de defensores exiliados en Costa Rica elevó su voz para insistir en que en Nicaragua se vive una sistemática persecución contra la ciudadanía, la que está expuesta a torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes. Además, dejó claro que a los prisioneros del régimen se les viola su derecho a la presunción de inocencia y que ni siquiera sus familiares pueden comunicarse con ellos ni tampoco sus abogados.
¿Quién será la foómula presencial de Oscar Sobalvarro en ACxL? Foto: Artículo 66 / Redacción Abierta
La presidenta del partido Ciudadanos por la Libertad, Kitty Monterrey, defendió la candidatura de Óscar Sobalvarro como aspirante oficial a la presidencia de Nicaragua de la alianza CxL. La representante legal de ese partido negó que se trate de un «dedazo», luego de descartar al precandidato Américo Treminio, quien era el único que quedaba en la contienda por el cargo, tras el arresto arbitrario de los demás aspirantes. Monterrey también sostuvo que las diferencias entre la Alianza Cívica y su partido ya han sido superadas, después de ser señalados de imponer viejas prácticas antidemocráticas. Según la política, Sobalvarro también cuenta con el «visto bueno» de los integrantes de la Alianza.
Por su parte, el vicepresidente de CxL y ahora candidato presidencial, Óscar Sobalvarro, manifestó que cuenta con amplio respaldo de sus bases y está listo con el programa de Gobierno de la alianza electoral. Su objetivo es ofrecer una salida a la crisis sociopolítica de Nicaragua a través del voto.
El excanciller Francisco Aguirre Sacasa, y las esposas de presos políticos Bertha Valle y Victoria Cárdenas, son los nuevos perseguidos del régimen. La Policía informó mediante comunicados que inició una supuesta investigación en contra de los opositores por supuestamente «incitar a la injerencia extranjera». La administración de Daniel Ortega ha encarcelado a unas 28 personas en los últimos meses haciendo uso de su Ley 1055, con la que declara «traidores de la patria» a las voces disidentes.
Con esa misma normativa encarceló a los aspirantes presidenciales Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro, y ahora persigue a sus esposas. A ambas las acusan de sostener reuniones con senadores, congresistas y otros funcionarios del gobierno de Estados Unidos para solicitar «mecanismos de presión» en contra del régimen. Las cónyuges de los presos políticos han demandado a las autoridades nacionales den “pruebas de vida” de sus esposos, a quienes no han visto desde su detención y exigen la libertad de ambos opositores.
El Ministerio de Salud presentó su informe semanal sobre la pandemia del COVID-19 en Nicaragua subrayando otro notable incremento de nuevos casos, números que se asemejan a los de la primera ola del virus en el país. Entre el 20 y el 27 de julio, la institución asume 362 pacientes afectados por el virus, aunque sigue con la cifra de un fallecido por cada siete días atribuido a la pandemia.
En total, el Minsa reconoce 9,470 infectados y 195 decesos. La entidad guarda silencio sobre la posibilidad de que en la nación circulen nuevas cepas del coronavirus, pese a que Costa Rica afirmó que uno de los casos detectados con la variante delta provenía de Nicaragua. Además, el Observatorio Ciudadano alertó sobre casos y muertes asociadas al virus reportadas dentro de un mismo núcleo familiar.
