La Verificación Ciudadana en Nicaragua arrancó bajo secretismo y confusión, señala el primer reporte del observatorio independiente Urnas Abiertas sobre la jornada que se realiza este fin de semana, 24 y 25 de julio, en el marco del proceso electoral de cara a los comicios previstos para el siete de noviembre de 2021.
La eliminación y cambios de Centros de Votación (CV), la ausencia de padrones de pared y de información de Juntas Receptoras de Votos (JRV), y el hostigamiento y control partidario fueron las principales anomalías registradas en el primer de Verificación Ciudadana el sábado, 24 de julio.
«La afluencia hasta el mediodía del sábado 24 de julio fue variada, mientras en algunos Centros de Votación (CV) se verificaron largas filas, en otros las filas no pasaban de una decena de personas», indica el reporte.
El equipo multidisciplinario denunció que, a la fecha, se contabilizan siete aspirantes a la presidencia de la República encarcelados a las puertas de los comicios. El reciente fue Noel Vidaurre, precandidato de la Alianza Ciudadanos por la Libertad (ACxL), a quien el régimen de Daniel Ortega le impuso «casa por cárcel» el mismo día que se inauguró la Verificación Ciudadana.
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Al respecto, subrayan que dicha alianza ya había identificado graves anomalías en la Cartografía y Padrón Electoral que el Consejo Supremo Electoral (CSE) les remitió a todos los partidos políticos el nueve de julio, en las que señalan la eliminación de CV, discrepancia entre el consolidado de CV/JRV en cartografía y codificados; cambio de domicilio de decenas de miles de personas y hasta la desaparición de casi un cuarto de millón de votantes. «Hasta la fecha el CSE no se ha pronunciado respecto a los señalamientos realizados».
Urnas Abiertas indica que no ha logrado acceder al Padrón Provisional ni a la Cartografía, sin embargo, según los datos públicos, el CSE debe explicar cómo pasó de un Padrón de 5,095,747 votantes en 2017 a 4,347,340 este año- que representa una disminución de 748,407 personas- si el incremento natural del padrón es de al menos 100,000 nuevas y nuevos electores, por lo que se debería de tener un padrón de aproximadamente 5.5 millones de personas habilitadas para votar.
«Es su obligación (del CSE) indicar si esto se debe a personas fallecidas, migrantes, personas que no votan desde hace más de diez años, si es población penal con sentencia firme y están privados de su derecho al voto, o si incluye a la ciudadanía que se exilió a partir de 2018 en el marco de la crisis sociopolítica y de DDHH, si responde a esta última razón también debe explicar las razones técnicas de depuración del padrón dado que esta situación no está regulada en la Ley Electoral», manifiestan.
Eliminación y cambios de CV
De 2017 a 2021, el CSE eliminó 1,198 Centros de Votación, habilitando únicamente 3,110 para las elecciones este año, bajo la justificación de que «hay nuevas y mejores instalaciones de infraestructura para esta actividad», sin embargo, el observatorio informa que se ha logrado confirmar que la mayoría de los CV eliminados de los que obtuvieron información sí contaban con las condiciones.
«El patrón que se siguió fue más bien la eliminación de centros privados o semiprivados como escuelas, universidades u organizaciones sociales, para pasarlos únicamente a instalaciones públicas donde el partido de gobierno cuenta con total dominio».
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«Es un indicio negativo de la posibilidad de que el Gobierno intente implementar la estrategia fraudulenta conocida “ratón loco”, la cual consiste en generar confusión para impedir que la ciudadanía ejerza su derecho al sufragio por no saber el lugar en dónde le corresponde depositar su voto».
Ausencia de padrones de pared y de informacióln de JRV
Urnas Abiertas añade que hasta mediodía del 24 de julio no hubo ningún CV que reportara presencia de Padrón de pared en los 11 departamentos de los que recibieron informes.
Esto «reafirma la estrategia del CSE de mantenerlo como un documento casi secreto (…) Al eliminar los Padrones de pared las personas no han podido averiguar si sus familiares fallecidos siguen inscritos, para posteriormente solicitar su baja, esto además de obstaculizar el perfeccionamiento del Padrón, disminuye aún más la confianza en el proceso electoral y especialmente en el CSE que permite estas situaciones irregulares y anómalas», añade el reporte.
A ello se le suma un proceso electoral caracterizado por la violencia política y el estado policial de facto que existe en el país desde 2018 y que se ha profundizado en los últimos meses.
