El régimen de Nicaragua estaría autorizando un ajuste salarial del cinco por ciento (5%) para los trabajadores del Estado a partir del primero de agosto, anunció la pareja presidencial.
La vocera del régimen, Rosario Murillo, indicó este martes, 20 de julio, que el reajuste representa 675 millones de córdobas del Presupuesto General de la República (PGR) y cubrirá a trabajadores del sector salud y educación, principalmente. Detalló que los trabajadores del Ministerio de Educación (Mined) y Ministerio de Salud (Mined) representan el 70.26 por ciento de la nómina.
El sindicalista independiente Nilo Salazar manifestó que se trata de un anuncio populista de cara a las elecciones presidenciales de noviembre porque ni fue consultado con los sindicatos y «de triunfo no tiene nada».
En declaraciones a medios nacionales explicó que aún con el reajuste, el salario de los trabajadores sigue estando por debajo del costo de la canasta básica que, según el Banco Central de Nicaragua, supera los 15 mil córdobas mensuales.
«Los trabajadores del Estado como los que estamos en el sector privado tenemos hambre, y lógicamente si te llega un peso te sirve para incrementar un poco lo que vas a comprar (…), pero quiero escuchar a un economista de los que están con este Gobierno que me diga cuánto necesita ganar un obrero para comprar la canasta básica en este país. Sesenta y pico (de córdobas) por hora tendrías que ganar», dijo Salazar.
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Ejemplificó que el salario de un ayudante del sector construcción con dificultad cubre el 66 por ciento de la canasta básica. Sostuvo que Ortega simplemente pretende «comprar» a los trabajadores al decirles «¿cuántos votan por mi y les doy 5 por ciento?».
El economista Maykell Marenco refiere también que «la mejor ayuda para el trabajador no se genera a través del salario nominal». La medida «solo aumenta nominalmente la cantidad de ingresos que se percibe, pero el bienestar se genera a través del salario real y el salario real depende del poder adquisitivo y ¿cómo se mejora el poder adquisitivo?, pues produciendo más, siendo más competitivos» como país, señaló.
El experto indica que la medida implicaría mayor nivel de recaudación por medio del pago de tributo de empresas, emisión de bonos o ventanillas de crédito a través de mecanismos de deudas con instituciones bancarias; sin embargo, subrayó que el país aún no cuenta con las condiciones necesarias para generar aumentos salariales.
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La disposición se traduce en «menor presupuesto para inversión de políticas públicas que sí generarían mayor crecimiento», dijo a Artículo 66.
Por otro lado, alivió que la economía del país tampoco se vería afectada en términos de inflación ni desincentivo al sector privado, debido a que se trata de un reajuste para el sector público.
«Es bastante populista para generar simpatías en las personas que quizás no están tan convencidas políticamente y que son trabajadores del Estado», manifestó.
