La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a los periodistas Willih Francisco Narváez González y Alberto José Miranda Herrera, por encontrarse en una situación de riesgo en Nicaragua, informó el organismo este miércoles, 14 de julio.
La CIDH señala que ambos comunicadores independientes están recibiendo amenazas, hostigamientos y vigilancia por parte de autoridades estatales y particulares por ejercer su labor periodística.
Detalla que Narváez, ha sido reportero del Canal 10 de televisión y del medio de investigación Divergentes, por los que ha sido blanco de amenazas a través de redes sociales y por parte de voceros de la dictadura a través de programas de propaganda gubernamental.
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También ha sido víctima de agresiones por parte de policías, hostigamiento por parte de «terceros afines» al régimen de Daniel Ortega, y ha recibido amenazas de muerte en contra de él y su familia.
Aberto Miranda, periodista de la plataforma Literal, también ha recibido amenazas de muerte a través de las redes sociales a partir de 2018. Como parte de la represión en su contra, sufrió la agresión con una pistola eléctrica presuntamente bajo órdenes de un agente policial en septiembre de 2019, además de hostigamiento y agresiones por parte de policías el 15 de abril y el 2 de junio de 2021.
El organismo indica que el régimen brindó información al respecto, solamente en el caso de Miranda, de quien negó que se encontrara en situación de riesgo. Por el contrario, el régimen dijo que en el país existen numerosos medios de comunicación con posturas contrarias a las políticas estatales, y negó la censura o persecución a periodistas.
«El Estado no aportó mayores elementos para desvirtuar los eventos de riesgo alegados por la parte solicitante», indica la CIDH. En el caso de Wilih Narváez, el régimen guardó silencio.
La Comisión tomó en cuenta la situación actual por la que atraviesa Nicaragua, incluyendo la información recibida por su Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) en relación con el contexto represivo hacia la actividad periodística independiente en el país.
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«La información disponible refleja que las amenazas, intimidaciones y otros actos de violencia buscan que ellos (los periodistas) cesen o cambien la línea editorial de sus labores. En ese sentido, los hechos de violencia alegados han tenido un carácter continuado en el tiempo, con puntos más álgidos en momentos en que la labor periodística de los beneficiarios ha adquirido mayor visibilidad. En ese marco, la CIDH observó que, pese a las denuncias interpuestas por ellos (Narváez y Miranda), e incluso a estar involucrados presuntamente agentes estatales, el Estado no ha desarrollado investigaciones pertinentes ni brindado ninguna medida de protección a sus favores», añaden.
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Las medidas fueron otorgadas mediante Resolución 52/ 2021, emitida el 11 de julio, y exigen al Estado respetar la vida e integridad personal de ambos periodistas y garantizar que puedan ejercer su labor sin ser objeto de actos de violencia, intimidación, hostigamientos y/u otros hechos de violencia. El régimen, a su vez, debería concertar medidas con los beneficiarios y sus representantes, e investigar los presuntos hechos denunciados.
La CIDH también ha otorgado medidas cautelares a favor de políticos opositores desde la represión de 2018, sin que, al momento, el régimen haya mostrado avances al respecto.
