La “guerra jurídica” es una táctica o modalidad de guerra utilizada por la dictadura, inserta en una estrategia bélica multifactorial y de amplio espectro, como es la “guerra híbrida” que, utilizando indebidamente los procedimientos legales, para dar apariencia de legalidad, sirve para neutralizar o eliminar al enemigo político en aras de una reconfiguración del escenario político nacional.
En la estrategia de la “guerra jurídica” es imprescindible el papel que juegan los medios de comunicación y las urracas parlanchinas oficialistas para posicionar determinadas noticias que moldean la opinión de la población objetivo hacia la aceptación del relato de la dictadura.
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Al aprobar leyes represivas, incluida una ley electoral, la ley sobre “ciberdelitos”, ley sobre “agentes extranjeros” y ley de “soberanía” que, en todos los casos, han contribuido a restringir y criminalizar las expresiones, el disenso y la participación política de los ciudadanos; también, intentan hostigar y silenciar a la sociedad civil y a medios de comunicación independientes, debilitar al movimiento social y acallar las protestas políticas.
En esencia, se trata del uso simultáneo de una pluralidad de instrumentos, militares o no militares, de carácter económico, psicológico, mediático, cibernético, jurídico, político, etcétera, que se combinan usando tácticas asimétricas y actores de todo tipo, incluyendo crimen organizado, policías, grupos de choques, paramilitares, políticos zancudos, etcétera, para lograr los objetivos políticos del régimen.
Estos objetivos generalmente tienen que ver con abrumar, neutralizar o aniquilar a un enemigo político, para lograr la permanencia del régimen en el poder; al mismo tiempo, generar determinado estado de ánimo de la opinión pública que le permita justificar las posteriores acciones represivas. Lo distintivo respecto a otros momentos es la ausencia de límites respecto a una batalla política convencional, de ahí que se hable también de la “guerra híbrida” como “guerra irrestricta no convencional”.
Es decir, el régimen implementa, casi a diario, la “guerra irrestricta no convencional” en todo su esplendor. No ha habido límites para la dictadura con tal de tratar de acabar al movimiento social de protesta, ya sea a través de ataques a sus dirigentes, encarcelamiento a opositores de cualquier signo político, represión a los periodistas independientes, penetración paramilitar en las zonas rurales que asesinan de manera selectiva a militantes opositores y el uso de los políticos comparsas, etcétera.
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El régimen ha ido perdiendo legitimidad ante la avalancha de la corrupción que carcome al país. También le afecta la imposición de sanciones de Estados Unidos, Unión Europea, Canadá y otros países a los miembros de la nomenclatura, los afectados y sus familias sienten que el panorama está cambiando en sentido negativo a sus intereses. Se tiene la sensación que el régimen está con la soga al cuello y que se expone, día a día, a una aceleración del proceso de implosión.
Estas operaciones puntuales se dan en el marco de una estrategia en paralelo que pasa por socavar a los verdaderos partidos políticos de oposición y forma parte de la guerra judicial de carácter político dirigida a impedir que los candidatos de la oposición puedan competir en las elecciones de noviembre de 2021.
Esta “guerra irrestricta no convencional” es fundamental en la estrategia de propaganda del régimen encaminada a posicionar la idea que la dictadura es el mejor gobierno que ha tenido Nicaragua y se enmarca en una guerra psicológica de largo aliento, consustancial y central en la concepción de la “guerra híbrida”, usando tanto los medios convencionales como la represión generalizada. El objetivo de la “guerra híbrida” es para que la opinión pública acabe avalando y hasta justificando cualquier ataque contra las protestas sociales.
Sin embargo, la “guerra irrestricta no convencional” también ha tenido efectos negativos en su base social y en los intereses económicos de la nomenclatura ya que alimentan el proceso de implosión que padece el régimen; por ejemplo, la cancelación de visas a miembros de la nomenclatura va a contribuir al proceso de implosión en desarrollo. No hay que olvidar las termitas que, además de causar la implosión por debilitar las estructuras con su voraz destrucción, las termitas también abandonan el nido cuando ya no hay más que comer.
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No cabe duda que el régimen está en proceso de desgaste lo que puede transformarse en implosión. Sin embargo, lo que hace falta es un catalizador. Un partido, como lo fue el FLN en Argelia, una personalidad como Nelson Mandela en Sudáfrica, Aung San Suu Kyi en Myanmar, Corazón Aquino en Filipinas, o los militares en la revolución de los claveles en Portugal. Sin un catalizador la crisis, el desgaste y la implosión puede durar un tiempo indefinido que traduciría en un “orteguismo con o sin Ortega”.
En la estrategia: “el poder o la muerte” el régimen ha utilizado la combinación de la guerra jurídica, guerra híbrida y guerra irrestricta no convencional para mantenerse en el poder; sin embargo, esa estrategia ha tenido, también, un efecto boomerang negativo para el régimen, ya que facilita el desarrollo del proceso de implosión de su base social a todos los niveles por el incremento de la inseguridad, desempleo, pobreza laboral, desigualdad, precariedad alimentaria y pobreza.
Decía José Saramago que hay que recuperar, mantener y transmitir la memoria histórica, porque se empieza por el olvido y se termina en la indiferencia.
