Familiares de la dirigente política Violeta Granera y de los aspirantes presidenciales Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga denunciaron este viernes, nueve de julio, que sus parientes continúan «desaparecidos y en total indefensión», a un mes de sus arrestos arbitrarios e ilegales por parte del régimen de Daniel Ortega.
El régimen desacató la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que le otorgó medidas provisionales a cuatro presos políticos, incluyendo Granera, Maradiaga y Chamorro, y que estableció el ocho de julio como plazo máximo para ser puestos en libertad.
«Desafortunadamente, si Nicaragua no cumple con las medidas provisionales de la Corte IDH no hay muchas manera para exigir que Nicaragua cumpla. Es posible que (el régimen) proporcionara una respuesta escrita a la Corte, pero todavía no sabemos», manifestó Jared Genser, abogado internacional de los precandidatos presidenciales.
En conferencia de prensa virtual, explicó que la parte defensora esperará un par de días en caso que el Estado de Nicaragua proporcionara una respuesta a la Corte, pero anticipan que los abogados de la Corte procederán al respecto, lo antes posible.
Sin embargo, señaló que «imaginamos que vamos a solicitar una audiencia con la Corte IDH, en la que el Estado de Nicaragua pueda explicar por qué no ha cumplido. En el caso de Maradiaga y Chamorro vamos a entregar el caso a un Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria. Es un foro legal que recibe casos individuales sobre detenciones extraordinarias y luego el Grupo de Trabajo determinará si las personas son detenidas de una manera ilegal».
El abogado adelantó que han «tenido contacto con la Cruz Roja Internacional, (pero) no podemos comentar más allá porque es un proceso confidencial, pero los tres están desaparecidos y seguimos preocupados por su bienestar».
Genser señaló que estamos claramente ante «desapariciones forzadas», dado que el Estado niega proporcionar información sobre la persona detenida «y por eso es muy grave la situación en la que nos encontramos».
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Otro de los pasos consiste en reunión con parlamentarios europeos y posibles audiencias con funcionarios de Estados Unidos.
«La semana pasada tuvimos una reunión con miembros del Parlamento Europeo, también tuvimos una reunión con el representante especial de la Unión Europea sobre Derechos Humanos, fue una reunión excelente. Coordinaremos con Washington, con otros gobiernos de la región y del mundo para aumentar el “perfil” de los presos políticos de Nicaragua y seguiremos en comunicación con la prensa para que el tema continúe en la agenda internacional, para que Ortega libere a los presos políticos», reveló.
Victoria Cárdenas y Berta Valle, esposas de Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga, respectivamente, y Julio Sandino, hijo de Violeta Granera, denunciaron que el régimen ha violado al menos diez principios del derecho internacional desde la detención, el ocho de junio.
«En medio del silencio policial, rigurosamente los familiares de Chamorro, Maradiaga y Granera, siguen llegando tres veces por día a las instalaciones de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ); ahí entregan alimentos, artículos de aseo y medicinas, pero solo en algunas ocasiones les reciben algunas cosas, especialmente agua. También, siguen agotando a nivel local, los recursos legales para obtener una prueba de vida de sus seres queridos y hacer valer su derecho a la defensa».
«Ya son más de 15 días que no le reciben alimento a Maradiaga, solo agua, y los familiares no han podido acceder a El Chipote (Complejo Judicial)», manifestó Berta Valle. La esposa de Félix dijo que las autoridades permitieron el ingreso de medicamento para el preso político, pero desconoce si él lo recibió.
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Por el contrario, la Policía aumentó el hostigamiento en contra de los familiares de presos políticos. Mandó a ubicar retenes en la entrada del Complejo y solicitan información personal, revisan teléfonos, y toman fotografías de sus cédulas, hasta de las placas de sus carros.
«Exigimos como familia que los presenten. Queremos prueba de vida de ellos. Después de un mes de no saber nada de ellos, nuestra preocupación es cada vez más fuerte», reclamó por su parte, Victoria Cárdenas, esposa de Chamorro.
«Al no existir base legal para su detención y estar desaparecidos extralegalmente, están expuestos a tratos crueles, degradantes e inhumanos, que bajo el marco del derecho internacional al persistir en el tiempo, se constituyen en una forma de tortura», señala el comunicado de los familiares.
«Lo que hace Ortega absolutamente falta a la descencia. Si Ortega fuera un presidente fuerte no detendría a sus oponentes y ganaría en una elección justa, pero es obvio que está desesperado, perdió el apoyo popular y tiene miedo de perder su poder. Una persona que hace cosas así para mantener su poder es una persona pequeña», agregó por su parte, el abogado defensor.
Julio Sandino, hijo de Violeta Granera, quien se encuentra en el exilio, demandó que su madre, de 70 años, reciba atención médica a través de un doctor de cabecera de la familia; que sus parientes la logren ver.
«Así como mi madre y otras 130 personas, han sido secuestradas exclusivamente porque han luchado o porque han solicitado que queremos una Nicaragua en democracia; porque queremos una Nicaragua en la que nadie esté encima de la ley. Lamentablemente tenemos una dictadura, una familia que no le interesa nada más que estar perpetuamente en el poder, por eso es que ellos (nuestros familiares) están en la cárcel», denunció.
