El precandidato presidencial Juan Sebastián Chamorro, de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) e inscrito en el mecanismo de selección de la Alianza Ciudadanos por la Libertad (ACxL) y la activista política y dirigente de la Coalición Nacional Violeta Granera, cumplieron este ocho de julio, un mes de estar secuestrados por ordenes de la dictadura de Daniel ortega y Rosario Murillo.
Los familiares de ambos continúan denunciado que los opositores están en calidad de «desaparecidos por la fuerza», pues desde sus detenciones arbitrarias no han podido verlos ni sabido, oficialmente nada de ellos.
«Hoy se cumplen 30 días desde que nuestra madre, Violeta Granera, fue encarcelada injustamente, también se cumplen 26 días desde la última vez que pudimos verla. La noche del 11 de junio la sacaron del régimen casa por cárcel y la trasladaron (presumiblemente) al Nuevo Chipote», denuncian los familiares de la activista política a través de una pagina de facebook creada para publicar constantes denuncias sobre la detención arbitraria.
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Granera Padilla fue detenida en su vivienda, al sur de managua, el pasado ocho de junio, durante un operativo policial de allanamiento ejecutado en horas de la noche, casi simultáneo con el otro operativo de allanamiento y captura contra Chamorro. Según algunos testigos que presenciaron la detención, los efectivos policiales golpearon a la mujer opositora y la confinaron a su habitación en medio de una aparatosa vigilancia armada dentro y fuera de su residencia.
Tres días después, con gran despliegue policial y en vehículos sin identificación oficial, los esbirros de la dictadura entraron hasta donde estaba confinada Granera, la esposaron y se la llevaron, presuntamente al Chipote. La familia sigue denunciando que hasta la fecha no saben nada sobre su estado de salud ni en qué condiciones está detenido y temen por su vida.
«Desde su secuestro nosotros no hemos podido tener información de su estado de salud, tampoco hemos podido verla, a nosotros nos preocupa porque mi mamá, en la semana que la detuvieron, tenía que realizarse unos exámenes relacionados al corazón, además padece de presión alta, ella está enferma y lamentablemente no hemos tenido ninguna respuesta del régimen y mi mamá tiene medidas cautelares (de la Corte Interamericana de Derechos Humanos) que no se han respetado. Al menos queremos que permitan que un médico de confianza la llegue a ver para ver cómo se encuentra, creemos que esto es parte de la tortura que le están haciendo a todos los secuestrados. Le hemos llevado medicamentos, eso nos reciben, pero no reciben la comida, solamente líquidos», han denunciado los familiares de Granera.
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Desde finales de mayo, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo privó de su libertad de manera arbitraria a 26 personas, entre los que cuentan seis precandidatos presidenciales, líderes opositores, extrabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH), el chofer particular de la precandidata presidencial Cristiana Chamorro, un banquero y un periodista.
Caso en paralelo con el arresto de Granera, patrullas de la Policía del régimen Ortega-Murillo llegaron hasta la casa del precandidato presidencial Juan Sebastián Chamorro para allanar la residencia y llevárselo detenido. Fue la ultima vez que su familia pudo verlo, al momento que lo esposaban y se lo llevaron.
Desde el momento de su detención, a Chamorro se le han violado sus derechos constitucionales y humanos, ya que no le han permitido ver a su familia ni ser asistido por un abogado, denuncia el representante legal de Chamorro, Maynor Curtis, del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH).
Curtis además denunció ante varios medios de comunicación que este ocho de julio el Estado de Nicaragua tenía que informar a la Corte IDH, cuáles fueron las medidas que tomó en relación a la detención de Juan Sebastián, además debían de ponerlo en libertad, de conformidad con la resolución dictada por esa instancia internacional de la cual Nicaragua es signataria y está obligada a acatar. Sin embargo, hasta el cierre de esta nota, ninguno de los nuevos presos políticos había sido liberado.
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La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) dictó medidas provisionales que incluyen la liberación inmediata a favor de Chamorro, Granera, Félix Maradiaga y José Adán Aguerri.
La Fiscalía, al servicio de la dictadura, en sus notas de prensa oficiales ha señalado que todos los nuevos presos políticos «están siendo investigados, de conformidad con el artículo 1 de la Ley No. 1055, Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz, por realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía, y la autodeterminación, incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pedir intervenciones militares, organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización, proponer y gestionar bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones, demandar, exaltar y aplaudir la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos, y lesionar los intereses supremos de la nación».