El precandidato presidencial de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) y de la Coalición Nacional (CN), Félix Maradiaga, cumplió este 8 de julio, un mes de haber sido detenido arbitrariamente por la Policía al servicio de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Hasta la fecha, según denuncia su equipo de campaña, no se sabe absolutamente nada de él, sigue en la indefensión y sin ser visto por sus familiares.
Para los organismos defensores de derechos humanos y el equipo de colaboración del precandidato, la detención de Maradiaga por parte de las fuerzas policiales sigue siendo considerada una desaparición forzosa, pues oficialmente no se ha informado de su paradero ni de su estado de salud, además, no lo permiten acceso a tener un abogado de su elección, tal como lo ordenan las leyes penales de Nicaragua.
Noticia relacionada: Dictadura se lleva a la cárcel al precandidato presidencial Félix Maradiaga después que salió de la Fiscalía
En un comunicado, enviado a los medios de comunicación, el equipo de campaña de Maradiaga denuncia que «hoy se cumplen 30 días desde que Félix Maradiaga fue brutalmente golpeado, secuestrado y desaparecido por el régimen en Nicaragua. Desde su captura no se ha confirmado su paradero, ni se ha respetado su derecho a reunirse con sus abogados ni recibir visitas de sus familiares cercanos. No sabemos de su integridad física, ni de su estado de salud. Se le han violado todas las garantías mínimas de sus derechos humanos».
El aspirante a la Presidencia de la oposición fue capturado de forma violenta en un operativo policial ejecutado en plena calle, cuando Maradiaga salía de rendir una declaración a la que fue citado por el Ministerio Público. Los efectivos de las fuerzas represivas lo emboscaron a pocas cuadras de la Fiscalía y, tras golpearlo, se lo llevaron hacia un lugar que hasta ahora no ha sido oficializado.
Ese mismo día, solo unas horas después y en diferentes operativos de allanamientos y capturas fueron secuestrados el también precandidato presidencial en la Alianza Ciudadanos por la Libertad (ACxL), Juan Sebastián Chamorro y la activista opositora Violeta Granera. De ellos tampoco se sabe nada oficialmente. Todos fueron condenados a 90 días de «detención judicial» para ser investigados por los supuestos delitos de traición a la patria bajo la represiva Ley 1055.
26 líderes, activistas y miembros de la oposición han sido arrestados de forma arbitraria desde de finales de mayo lo que, según la UNAB, «es una muestra que la dictadura de Daniel Ortega recurre a mecanismos ilegítimos e ilegales para producir miedo y terror en un contexto electoral, con el objetivo de silenciar a las voces críticas y garantizar su continuidad en el poder, sin someterse al escrutinio popular».
Noticia relacionada: Familiares de Félix Maradiaga, preocupados por «desaparición» del aspirante presidencial
El equipo de trabajo del aspirante sostiene que las acciones del régimen violan las protecciones incluidas en los artículos 9 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del cual Nicaragua es Estado parte. Además de transgredir la Constitución de Nicaragua.
Asimismo, señalan que, en el caso de Maradiaga, al igual que con todos los presos y presas políticas, los Ortega-Murillo violan flagrantemente el artículo 46 de la Constitución que establece que «en el territorio nacional toda persona goza de la protección estatal y del reconocimiento de los derechos inherentes a la persona humana, del irrestricto respeto, promoción y protección de los derechos humanos, y de la plena vigencia de los derechos consignados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos; […] en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de las Naciones Unidas…»
El comunicado del grupo opositor recalca que, entre las arbitrariedades cometidas contra Maradiaga y todos los opositores recientemente capturados, se han violado al menos diez principios básicos del derecho internacional, que demuestran la impunidad con la que opera la dictadura de Nicaragua.
«Las detenciones y allanamientos se han dado sin orden judicial. Los detenidos han sido desaparecidos y puestos bajo custodia en lugares desconocidos sin fundamento legal. No han tenido acceso, en ningún momento, a sus abogados, quienes han sido amenazados y en algunos casos forzados a exiliarse. Todos están detenidos sin que sus familias puedan acceder a ellos en su lugar de detención, y ninguno fue llevado de inmediato ante un juez, ni fue posible impugnar la legalidad de sus detenciones», denuncian.
Noticia relacionada: Corte IDH ordena a Nicaragua liberar a cuatro opositores: Chamorro, Granera, Maradiaga y Aguerri
Asimismo, detallan en su comunicado que ninguno de los nuevos presos políticos recibió una audiencia pública y justa. Los jueces que llevan los casos no son ni independientes ni imparciales. y además, todos fueron tratados como presuntos culpables y no como inocentes, tal como exige la ley.
Otra de las denuncias que hacen los colaboradores de Maradiaga es que, tras las secuestros de los precandidatos y lideres opositores, el régimen ha desatado una agresiva campaña de estigmatización contra todos ellos al grado que los propios dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo, en sus discursos, se han referido a todos los líderes opositores secuestrados como «terroristas» y criminales, lo que constituye una injerencia ilegal en sus casos, ejerciendo presión sobre el Poder Judicial para condenarlos»
El 24 de junio, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una resolución en la que requiere al Estado de Nicaragua proceder de inmediato con la liberación de Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, José Adán Aguerri y Violeta Granera. Daniel Ortega ha ignorado tal mandato.
