En su informe preliminar acerca de la creciente crisis sociopolítica que vive Nicaragua y el atropello a libertad de prensa, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) hizo un recuento a través de «crudos testimonios» de los abusos cometidos en contra del periodismo independiente y de opositores al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Ante la creciente ola represiva en el país, la SIP exhortó a organismos internacionales a actuar con celeridad para evitar que se agudice la crisis y evitar más agresiones.
«En su reporte, la entidad exhortará a organismos internacionales, a organizaciones que trabajan por la vigencia de los derechos humanos y a instituciones que defienden las libertades de expresión y de prensa a unir fuerzas para exigir el inmediato cese de la represión, la libertad de todos los detenidos por motivaciones políticas y la restauración plena de la institucionalidad democrática», señala el informe.
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Además, afirman que la acentuación de la deriva autoritaria del gobierno de Ortega-Murillo comenzó a encender alarmas en septiembre de 2020. «Ese mes, la Asamblea Nacional dominada por el régimen inició la sanción de una decena de leyes represivas que definen de manera amplia y ambigua tipos penales que facilitan luego encuadrar en ellos todo tipo de acusaciones, sin prueba alguna».
Embestida contra la prensa independiente
La Sociedad Interamericana de Prensa refirió que la administración nicaragüense amparándose bajo el combo de leyes represivas aprobadas en 2020 creó las condiciones para que en los dos últimos meses de ese año «se desatara una embestida contra todo sector que se atreviera a cuestionar al poder omnímodo o que pusiera en riesgo la nueva reelección del matrimonio Ortega-Murillo».
La prensa en Nicaragua, según la SIP, no se escapó de esa opresión y señaló el segundo ataque que el orteguismo hizo el 20 de mayo contra el medio de comunicación Confidencial, allanando sin orden judicial sus oficinas y robando sus equipos de trabajo.
«A partir de entonces, 21 personas fueron llevadas a prisión e incomunicadas o forzadas a permanecer en sus domicilios, entre ellas cinco precandidatos presidenciales. Además, se ordenaron restricciones migratorias que afectan a periodistas, empresarios y líderes sociales sin causa judicial abierta» refieren.
Otros señalamientos que hizo organismo es la forma que la dictadura orteguista utiliza sus medios de propaganda para amenazar a periodistas y opositores. «Este propósito de sembrar terror queda evidente también por el accionar de personeros del régimen que a diario difunden amenazas en radios paraoficiales e instalan que se está desarrollando una nueva operación Danto, en alusión a la mayor ofensiva militar del Ejército Popular Sandinista contra los contrarrevolucionarios, en 1988».
Aumenta el exilio
En el informe, la SIP recopiló información que decenas de empresarios, políticos y periodistas salieron del país en junio de este año y que en muchos casos tuvieron que irse por puntos ciegos de la frontera con Costa Rica. «De inmediato, ese país les da condición de refugiados, aunque luego deben aguardar que se les otorgue permiso para trabajar», informaron.
Para la SIP, el éxodo de personal y directivos de los medio se debe a las dificultades para acceder a insumos esenciales, las presiones a anunciantes, los retenes policiales frente a redacciones o domicilios de periodistas, las estigmatizaciones y amenazas cotidianas para generar autocensura.
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Además indican que la actividad en las redes sociales ha disminuido, debido al temor a ser perseguidos. «La falta de acceso a información pública, la concentración de medios en manos del Estado o de la familia gobernante y el creciente pedido de fuentes habituales para que no se las consulte o al menos no se las mencione van cerrando el cerco sobre el periodismo libre…».
Testimonios de fuentes consultadas por la SIP, refirieron que no solo los periodistas se sienten amenazados, sino también sus fuentes; «incluso las que están en el exilio, por temor a que haya presiones a sus familias…».
Elecciones sin garantías
En cuanto a las eventuales elecciones del siete de noviembre y a las limitantes y trabas que pone el régimen de Daniel Ortega para que el periodismo independiente e internacional informe de los procesos, la SIP plantea «la necesidad de que la prensa internacional continúe informando sobre lo que ocurre en el país centroamericano, como modo de mantener viva la conciencia acerca de la crítica situación allí reinante».
También insistieron que es imprescindible que el gobierno de Daniel Ortega «otorgue amplias facilidades para el trabajo informativo de medios nacionales y del exterior durante la campaña electoral, la jornada comicial y el escrutinio posterior».
La SIP prevé entregar el próximo 16 de julio el informe completo de la situación de Nicaragua y la restricción a la prensa independiente. Hasta el momento la crisis en el país se agudiza cada día y persiste el irrespeto los derechos a la libertad de prensa y de expresión política.
