El precandidato presidencial surgido dentro de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) y la Coalición Nacional Félix Maradiaga fue detenido por la Policía orteguista minutos después que salió de rendir su entrevista a la que había sido citado en el Ministerio Público donde le abrieron una investigación por supuestos vínculos con el crimen organizado y por violar la Ley 1055, que recientemente aprobó la dictadura para reprimir a la oposición.
Una nota de prensa, publicada por la Policía subordinada a los Ortega-Murillo, casi simultáneamente con la captura del presidenciable indica que «el día de hoy martes 8 de junio de 2021, a las 12:40 minutos del mediodía, fue detenido el ciudadano FÉLIX ALEJANDRO MARADIAGA BLANDÓN, quien está siendo investigado por realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía, y la autodeterminación, incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pedir intervenciones militares, organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización, proponer y gestionar bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones, demandar, exaltar y aplaudir la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos, y lesionar los intereses supremos de la nación, de conformidad con el artículo 1 de la Ley No. 1055 “Ley de Defensa de los Derechos del pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz”».
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Maradiaga se convierte en el tercer precandidato opositor que es privado de su libertad por la tiranía Ortega-Murillo a solo cinco meses que se celebren elecciones presidenciales. ya antes, el 2 de junio, la Policía ejecutó una orden de allanamiento y captura contra Cristiana Chamorro, a quien hasta ahora mantienen incomunicada en su residencia bajo vigilancia de un desproporcionado dispositivo policial.
El sábado, cinco de junio, en el Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino de Managua fue capturado y llevado a la cárcel el también precandidato Arturo Cruz, a quien al igual que Chamorro Barrios lo mantienen incomunicado y sin asistencia legal.
A las 8:30 de la mañana, Maradiaga había sido citado para entrevista en el Ministerio Público (MP) sin que le hubiera adelantado cuál era el motivo de la cita ni sobre qué caso sería entrevistado ni en calidad de qué, sin embargo, al sentarse frente a los interrogadores de la Fiscalía le comunicaron que estaba en calidad de investigado y que era por una serie de delitos que van desde haber financiado y encabezado el golpe de Estado del 2018, como le llama el régimen a las protestas sociales en demanda de democracia que se suscitaron ese año.
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«Están abriendo una investigación en dos direcciones, en primer lugar una reapertura de todas las acusaciones del 2018, es un rosario amplio que va desde el financiamiento del supuesto golpe de estado, autoría intelectual, las actividades del IEEPP (Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas), que aunque está disuelto siguen investigando y además de eso señalamientos nuevos en el marco de la Ley 1055», dijo Maradiaga al salir del interrogatorio minutos antes de ser detenido por efectivos de la Policía orteguista.
Declaró ante los medios de comunicación que le hicieron muchas preguntas de la actividad que realizaba a nivel internacional como activista en el marco de la Organización de Estados Americanos (OEA), del Consejo de seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU), los viajes de los últimos 10 años y en segundo lugar las fuentes de financiamientos de organizaciones de la sociedad civil.
«Se me aclaró que están abriendo una investigación y dejé claro que no tengo intención de rehuir al proceso, tengo mi conciencia limpia. Me dijeron que no tengo ningún fallo. No hay veredicto, existe la apertura de una investigación», mencionó el precandidato ahora secuestrado por el régimen.
Sanciones contra responsables de represión
El aspirante presidencial aseguró que los fiscales a cargo del interrogatorio le insistieron sobre el tema de las sanciones a lo que les respondió que él si había pedido sanciones, pero contra los funcionarios criminales.
Félix Maradiaga llega a la Fiscalía: «Régimen no puede secuestrar a seis millones de nicaragüenses». Foto: Artículo 66/ Noel Miranda.
«No tengo nada que ocultar, lo he dicho con toda firmeza, viendo a los ojos de los que me han entrevistado, que aquellas personas que han cometido crímenes de lesa humanidad y que han violado convenios internacionales en materia de Derechos Humanos deben ser sujetos de sanciones internacionales, no tengo porqué ocultar lo que he dicho. Yo no estoy de acuerdo con aquellas sanciones que golpean a los más pobres, pero sí estoy de acuerdo que aquellas personas que se han manchado las manos de sangre respondan ante la justicia», sentenció.
También afirmó que continuaría en el proceso de selección del candidato único de la oposición que se realiza dentro de la Alianza Ciudadanos por la Libertad (ACxL) porque hasta ahora no hay un fallo judicial firme que lo inhibe de seguir aspirando a la Presidencia de la República.
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«No tenemos miedo y es un llamado a la población a mantener la firmeza. Hubo mucho énfasis sobre mi relación con los hombres y mujeres de prensa, casi la tercera parte de las preguntas se refirieron a mi relación con el periodismo en Nicaragua. No tenemos nada que ocultar, mi relación ha sido transparente, muy clara. Mantuvimos la calma (durante la entrevista) que viene de la certeza de que tenemos las manos limpias, incluso en las insinuaciones de vínculos con el crimen organizado no tenemos miedo porque Dios está con nosotros», expresó Maradiaga al momento de subirse a su camioneta de la que solo unos pocos minutos después fue bajado por la Policía para llevárselo detenido corriendo la misma suerte de Cristiana Chamorro y Arturo Cruz.
Con Félix Maradiaga ya son tres los precandidatos que los tiranos Daniel ortega y Rosario Murillo privan de su libertad ignorando la avalancha de llamados de la comunidad internacional y de organismos de derechos humanos que piden la libertad de los aspirantes presidenciales, de todos los presos políticos y la celebración de elecciones libres y democráticas.
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