El Parlamento Europeo pedirá en su resolución a adoptar en la sesión de mañana, jueves ocho de julio, que los estados miembros de la Unión Europea apliquen, rápidamente, sanciones directas al propio Daniel Ortega, a Rosario Murillo y a todo su círculo de operadores políticos y económicos.
Asimismo, pujarán para que se active la «cláusula democrática» del Acuerdo de Asociación (Ada), lo que podría significar la exclusión de ese convenio de Nicaragua. Además, los eurodiputados subrayan que, en la aplicación de las medidas de presión, se debe proteger a la población y pide que se evite una emergencia humanitaria tramitando ayuda a través de la sociedad civil.
La propuesta de resolución conjunta que será aprobada dentro de unas horas deja claro que las sanciones a aplicar son directas contra los operadores políticos, lo que tira por tierra el discurso del orteguismo que trata de mover a sus masas en su favor diciendo que esas acciones de presión son contra el pueblo.
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«(El Parlamento Europeo) pide al Consejo y a los Estados miembros que amplíen rápidamente la lista de personas y entidades que serán sancionadas, incluidos el presidente (Daniel Ortega) y la vicepresidenta de Nicaragua (Rosario Murillo) y su círculo íntimo, teniendo especial cuidado de no dañar al pueblo nicaragüense», dice parte del punto 11 de la propuesta de resolución.
Además, en el mismo punto advierten de la «necesidad de mantener y garantizar que la ayuda de la UE a las organizaciones de la sociedad civil, los defensores de los derechos humanos y el pueblo de Nicaragua a través de los programas humanitarios y de desarrollo de la UE, entre otros, llegue a sus verdaderos beneficiarios y no al gobierno y las autoridades, a fin de aliviar la impacto del COVID-19 y la actual represión gubernamental y evitar que esta crisis se convierta en una crisis humanitaria; recuerda que, a la luz del Acuerdo de Asociación entre la UE y Centroamérica, Nicaragua debe respetar y consolidar los principios del Estado de Derecho, la democracia y los derechos humanos, y reitera su exigencia de que, a la luz de las circunstancias actuales, la se active la cláusula democrática del Acuerdo de Asociación».
La resolución que proponen los parlamentarios de Europa considera que la situación de derechos humanos y la democracia de Nicaragua «se ha deteriorado aún más gravemente como consecuencia de la violenta represión de las protestas cívicas en abril de 2018; Considerando que al menos 130 personas han sido privadas de libertad por motivos políticos desde entonces, mientras que los opositores al gobierno y sus familias se enfrentan a la constante amenaza de acoso, tanto en persona como en línea, por parte de la policía y partidarios del gobierno».
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Asimismo, Consideran que «la detención arbitraria se ha utilizado cada vez más como una herramienta para castigar a activistas y disidentes desde las protestas de 2018, que los activistas corren un riesgo especial de sufrir violencia, incluida la violencia sexual y de género; Considerando que se maltrata a los detenidos en la cárcel, se les niega la atención médica y el acceso a sus abogados, y se les ataca y agredió sexualmente, mientras que las personas que protestan contra el gobierno son recluidas en celdas de máxima seguridad, donde se enfrentan a una mayor vigilancia, registros y aislamiento ; considerando que existe una preocupación especial por la situación de las mujeres y los adultos mayores privados de libertad».
Parlamento Europeo pedirá mañana a sus estados miembros, sancionen «rápidamente» a Daniel Ortega y Rosario Murillo. Foto: Internet.
De igual manera, los integrantes del europarlamento toman en cuanta que desde principios de junio de 2021 al menos 21 miembros de la oposición democrática, entre ellos seis precandidatos presidenciales, han sido detenidos arbitrariamente «bajo acusaciones penales ambiguas y políticamente inventadas sin ninguna prueba en un proceso empañado por violaciones graves de garantías procesales, lo que demuestra la falta de independencia del Poder Judicial» y que «la criminalización continua de los medios de comunicación independientes restringen el derecho a la libertad de expresión y socavan el derecho del público a estar verdaderamente informado».
Señalan que esos acontecimientos demuestran que «el régimen (Ortega-Murillo) se está hundiendo aún más en el autoritarismo al cerrar el espacio para la democracia, el entendimiento nacional y la mediación internacional hacia una pacífica solución del conflicto y obstaculizar claramente la celebración de elecciones libres y justas el 7 de noviembre de 2021».
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La resolución «expresa su solidaridad con la población nicaragüense y condena enérgicamente todas las acciones represivas de las autoridades nicaragüenses». También pide «la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos detenidos arbitrariamente, incluidos los candidatos presidenciales Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Miguel Mora y Medardo Mairena, los líderes políticos José Pallais, José Adán Aguerri, Dora María Téllez, Hugo Torres, Víctor Hugo Tinoco, Violeta Granera, Ana Margarita Vijil, Suyen Barahona y Pedro Joaquín Chamorro y otros activistas de oposición, defensores de derechos humanos y periodistas».
Asimismo, instan a las autoridades nicaragüenses a realizar cambios inmediatos a la Ley Electoral de acuerdo con los parámetros internacionales exigidos por la OEA en su resolución de 21 de octubre de 2020, y que recalcan que, para que las elecciones y el gobierno resultante sean reconocidos por el Parlamento Europeo, se deben implementar los cambios solicitados por la OEA (Organización de Estados Americanos) y los organismos internacionales, en particular el restablecimiento de los derechos y libertades que hacen posible un proceso electoral libre, creíble y equitativo».
También, los parlamentarios solicitan a la delegación de la UE en Nicaragua (Embajada) y a los Estados miembros «que faciliten la expedición de visados de emergencia y proporcionen refugio temporal por motivos políticos en los Estados miembros».
Piden deportación de terrorista internacional
La propuesta de resolución incluye entre sus pedidos, la extradición de un terrorista internacional que es protegido por la dictadura en Nicaragua y sobre lo que nunca se han pronunciado, pese a las constantes denuncias de que se encuentra en el país.
«Reitera su llamado, desde su resolución de 14 de marzo de 2019, para la extradición inmediata de Alessio Casimirri, quien continúa viviendo en Managua bajo la protección del Gobierno de Nicaragua, a Italia, donde debe cumplir seis cadenas perpetuas definitivas por su probada participación en el secuestro y asesinato del exprimer ministro y líder del partido Democracia Cristiana Aldo Moro y el asesinato de sus guardias en Roma el 16 de marzo de 1978».
