El Gobierno de Chile, dirigido por Sebastián Piñera, expresó su preocupación ante la crisis sociopolítica de Nicaragua, enfatizando en las recientes detenciones a opositores y precandidatos presidenciales bajo la Ley 1055 «Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz», creada para condenar a los opositores al régimen.
«El Gobierno de Chile reitera su preocupación frente a los acontecimientos ocurridos en Nicaragua, en especial las últimas detenciones de precandidatos presidenciales y otras figuras connotadas de la oposición, como también de estudiantes», dice el comunicado de la Cancillería con fecha de seis de julio.
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La administración del país suramericano resalta el deterioro de la situación de derechos humanos y las libertades públicas que padece Nicaragua, lo que califica como un obstáculo «a la realización de un proceso electoral acorde a las normas y estándares internacionales». La comunidad internacional continúa demandando elecciones libres y creíbles para este próximo siete de noviembre.
Hasta el momento son 26 los detenidos de manera arbitraria en camino a las elecciones en un poco más de un mes, Los nuevos presos políticos son los dirigentes del Movimiento Campesino, Medardo Mairena, Pedro Mena y Freddy Navas, los jóvenes opositores Max Jerez y Lesther Alemán, miembros de Unamos, empresarios y seis precandidatos presidenciales
El Gobierno de Chile demanda la inmediata liberación de los arrestados arbitrariamente y la restitución de sus derechos políticos, a su vez rechazan la persecución y hostigamiento a la sociedad civil que ha sido víctima de asedio por parte de grupos al servicio de la pareja presidencial.
La Cancillería chilena hace un llamado a implementar «las reformas necesarias para garantizar el correcto desarrollo del proceso electoral, libre y transparente, previsto para el mes de noviembre».
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No es la primera vez que Chile denuncia la situación que enfrenta Nicaragua. El 17 de junio, los diputados aprobaron dos proyectos de resolución que condenaban la detención a líderes de la oposición y exigían su liberación.
«La Cámara de Diputadas y Diputados rechaza de manera categórica el arresto de los líderes políticos de oposición por agentes del Estado de Nicaragua y exige a su Gobierno la liberación inmediata de ellos, resguardando su integridad física y la de sus familias y solicita a el Presidente de la República la adopción de las medidas que se proponen», expresaba el documento en el que solicitaban a Piñera que implementara una serie de medidas entre las cuales se encontraba emitir una declaración internacional en rechazo a las acciones represivas de los Ortega-Murillo.
