Faltando solo cinco meses para que en Nicaragua se celebren elecciones presidenciales y parlamentarias, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo se mantiene aferrado al principio de no permitir condiciones para que ese proceso se desarrolle con las mínimas garantías de transparencia y democracia, y si en la actuales condiciones se eligen las autoridades nacionales, el país se encamina a tener un Gobierno carente de legitimidad, segun detalla una consulta realizada a un experto internacional por el organismo de la sociedad civil Urnas Abiertas (UA).
Según la publicación de UA, «las condiciones actuales (en Nicaragua) respecto a normativa electoral y derechos humanos, no cumplen con los estándares nacionales e internacionales para desarrollar los comicios el próximo siete de noviembre por lo que, realizar un proceso electoral en las circunstancias actuales, desembocaría en un gobierno sin legitimidad de origen nuevamente».
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El documento agrega que, desde la publicación del calendario electoral, el 11 de mayo, «se ha profundizado la violencia política ejercida por el Estado de Nicaragua». En un reciente informe de la situación política preelectoral, UA indica, entre el primero y el 15 de junio, ocurrieron 225 hechos de violencia política en el contexto electoral.
Daniel Ortega, dictador de Nicaragua. Foto: CCC
Pedro Fonseca, politólogo internacional que también fue consultor para la Organización de Estados Americanos (OEA), entrevistado por la organización civil indicó que «en Nicaragua, hablar de justicia electoral cuando no existe justicia del todo, es un enorme reto», y explica que, en las últimas semanas, el Poder Ejecutivo, que encabezan Daniel Ortega y Rosario Murillo, «ha usado de manera autoritaria toda la estructura estatal para atentar contra los derechos políticos y electorales de organizaciones y personas aspirantes a candidaturas presidenciales. Específicamente, ha utilizado el sistema judicial como herramienta para la persecución política y, entidades descentralizadas como la Policía Nacional y el Ministerio Público, son manejadas como brazos coercitivos al servicio del Ejecutivo».
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El ambiente preelectoral en el país se torna cada vez más tenso producto de la escalada represiva desatada por el régimen que, a partir del dos de junio, inició una abierta persecución y encarcelamiento contra los líderes de la oposición más visibles y con mayor poder de convocatoria.
Esa ola represiva deja, hasta la fecha 26 opositores en la cárcel, entre ellos seis aspirantes a la Presidencia: Cristina Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Miguel Mora y Medardo Mairena.
Además de dirigentes de organizaciones políticas, como es el caso de la presidenta y vicepresidente del partido político Unamos (antes MRS) Suyen Barahona y Hugo Torres; la presidenta rotativa de la Coalición Nacional (CN) e integrante del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) Tamara Dávila; el asesor y representante ante la CN de la organización Fuerza Democrática Nicaragüense (FDN) José Pallais, y el fundador y vocero del partido Ciudadanos por la Libertad (CxL) Pedro Joaquín Chamorro Barrios. A ellos se suman los extrabajadores Walter de la Fundación Violeta Barrios, Walter Dávila y Marco Fletes, y también se cuentan los dirigentes campesinos Pedro Mena y Freddy Navas junto a los líderes estudiantiles Max Jerez y Lesther Alemán. Ninguno de ellos, desde su detención, han tenido acceso a abogados ni han visto a sus familiares.
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Urnas Abiertas advierte que la detención judicial por 90 días de cinco aspirantes presidenciales estaría evitando la inscripción oficial de sus candidaturas, proceso que inicia el 28 de julio y culmina el 2 de agosto, según el calendario electoral publicado por el Consejo Supremo Electoral (CSE) subordinado a Daniel Ortega.
«La inhibición de personas candidatas de oposición en un proceso electoral es la muestra más contundente de fraude y la prueba de que no existen condiciones para el desarrollo de dicho proceso. El órgano electoral no cumple su función de garantizar justicia electoral y de desarrollar sus funciones constitucionales con transparencia y efectividad», asegura el politólogo Fonseca.
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Además, Fonseca señala que el mensaje que transmiten esas inhibiciones «de facto» contra los precandidatos «es muy traumático para cualquier sociedad, pues asegura se trata de advertir que el poder recae únicamente en el gobernante de turno, que las instituciones, la ley, la soberanía y el uso de la fuerza le pertenecen y que no sirve de nada hacer valer sus derechos y luchar socialmente por hacer prevalecer la democracia y el Imperio de la ley. El mensaje es muy desalentador no solo para las actuales generaciones, sino también para las futuras».
Justicia electoral como garantía esencial
El experto en política internacional dijo además, a través de UA, que la justicia electoral es fundamental para cualquier proceso electoral democrático, porque debe ser la instancia que vela por la legalidad de las elecciones y garantiza los derechos políticos y electorales de la ciudadanía.
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«La protección de los derechos políticos-electorales son fundamentales para el desarrollo pleno de cualquier sociedad que, a través del establecimiento de su contrato social, haya decidido optar por un sistema que garantice la participación de su ciudadanía y el ejercicio de la soberanía a través del pueblo. No puede existir tal cosa como una democracia que decide regirse por un marco normativo que promueve la igualdad, la diversidad y que reconoce la soberanía en la ciudadanía y que tiene un gobierno autoritario, policial y que no respeta los derechos políticos-electorales. Esto es cualquier cosa, menos un sistema democrático», recalcó.
El politólogo asegura que en Nicaragua «se ha ajustado la ley para cumplir la voluntad del gobernante, se ha utilizado la ley como una herramienta de persecución, a través del brazo coercitivo del Ejecutivo, que es la Policía Nacional y se ha incumplido toda normativa internacional aplicable recayendo incluso en crímenes graves como la tortura y el secuestro».
El dictador se ha encargado de declarar a priori como ilegítimas estás elecciones. Ni siquiera hay que esperar a noviembre