CIDH otorga medidas cautelares a Cristiana Chamorro y exdirectivos de la FVBCh
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de la aspirante presidencial Cristiana María Chamorro Barrios, y los exintegrantes de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCh) Walter Antonio Gómez Silva, Marco Antonio Fletes Casco y Lourdes Arróliga, indica la Resolución 49/2021 emitida el 24 de junio de 2021.
«Según la solicitud, a raíz de la posible candidatura de Cristiana Chamorro Barrios a la Presidencia de la República, ella y las otras tres personas beneficiarias son perseguidas y hostigadas, incluso encontrándose privados de libertad sin que se conozcan sus ubicaciones y condiciones de detención. Al respecto, la CIDH consideró que la situación reúne prima facie los requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad contenidos en el artículo 25 del Reglamento de la CIDH», señala el organismo en una nota dada a conocer este lunes, 28 de junio.
El otorgamiento de la presente medida cautelar considera que el Estado de Nicaragua «deberá tanto asegurar que sus agentes respeten los derechos de las personas beneficiarias, de conformidad con los estándares establecidos por el derecho internacional de los derechos humanos como en relación con actos de riesgo atribuibles a terceros; adopte las medidas necesarias para asegurar que las condiciones de detención de las personas beneficiarias se adecúen a los estándares internacionales aplicables; concierte las medidas a adoptarse con las personas beneficiarias y sus representantes; informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y así evitar su repetición».
Las acciones del régimen en contra de Chamorro Barrios se dan luego que la periodista, hija de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro y del mártir de la libertades públicas Pedro Joaquín Chamorro, anunciara sus aspiraciones a la Presidencia de la República.
El 20 de mayo de 2021, la dictadura de Daniel Ortega a través del Ministerio de Gobernación citó a Chamorro, bajo los señalamientos de «inconsistencia financiera» por los años 2015-2019, en los reportes de cuentas de la cerrada Fundación Violeta Barrios de Chamorro, la cual fue dirigida por la periodista hasta enero de este año.
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El 21 de mayo, la acusó por los supuestos delitos de lavado de dinero, bienes y activos. El régimen también acusó a los extrabajadores contables de la Fundación Chamorro, Walter Gómez y Marco Fletes, quienes fueron detenidos de manera arbitraria desde el 29 de mayo.
A partir de entonces, la Fiscalía ha hecho desfilar a más de una veintena de periodistas, directores de medios de comunicación, fotorreporteros, consultores y escritores, a quienes, según las citatorias, los llamaron en calidad de «testigos» por haber estado vinculados profesionalmente con la Fundación Violeta Chamorro.
También, la Fiscalía convirtió de «testigos» a «imputados», después de la citatoria, a la periodista María Lilly Delgado, corresponsal de la cadena internacional Univisión; a la especialista en medios de comunicación Lourdes Arróliga y al investigador y defensor de derechos humanos Guillermo Medrano; estos dos últimos, extrabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro.
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El dos de junio la dictadura ordenó allanar, detener e inhibir a la aspirante presidencial Cristiana Chamorro Barrios, un día después que la periodista oficializara su intención de convertirse en la candidata de la oposición que derrote a Ortega en las próximas elecciones generales en noviembre, al llegar a la casa del partido Ciudadanos por la Libertad (CxL) con el interés de participar como precandidata presidencial de la casilla 15.
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