Familiares de los presos políticos Félix Maradiaga, Violeta Granera y Tamara Dávila y miembros de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) denunciaron el envío de correos falsos «usurpando la identidad» de los representantes de esa organización opositora, quienes fueron detenidos arbitrariamente en el último mes.
Aseguran que en la información difundida adjuntan un archivo de Word donde aparece una lista de miembros de la organización que supuestamente serán apresados en los próximos días, pero advierten que puede tratarse de un virus con el fin de obtener información.
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«Creemos que es un virus que la Policía está enviando para obtener alguna información o dañar los equipos de quien lo abra», advierten directivos de la UNAB, uno de los grupos opositores, perteneciente a la Coalición Nacional.
Berta Valle, esposa del aspirante presidencial Félix Maradiaga, denunció a través de sus redes sociales la usurpación de la identidad del preso político y a su vez reiteró la incomunicación que mantienen con él. A Maradiaga desde que fue capturado no se le ha visto, por lo tanto, sis familiares están preocupados por su estado actual, lo que han denominado como «secuestro» por parte del régimen orteguista.
«Denuncio públicamente la usurpación de la identidad de mi esposo Félix Maradiaga y hago de conocimiento de todos que no existe ninguna comunicación de parte de él. Es a través de sus redes oficiales que estamos comunicando abiertamente lo que pasa. ¡Ayúdenme a compartir!», fue la petición de Valle.
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El documento que circula se encuentra protegido, por lo cual deducen que se trata de un virus que busca obtener algún tipo de información ya que desde su detención Maradiaga no ha tenido comunicación con ningún familiar y tampoco su representante legal a 15 días de su detención, de momento se encuentran solicitando información sobre su paradero y el de los demás secuestrados políticos.
Félix Maradiaga durante su intervención en el seno del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde denunció las violaciones de derechos humanos por parte de la dictadura de Ortega.
Hasta el momento son 20 los encarcelados políticos bajo el marco de las detenciones rumbo a las eventuales elecciones el siete de noviembre. En total, el número de presos políticos supera los 130, de los cuales algunos presentan problemas graves de salud como el exvicecanciller José Pallais y la activista Violeta Granera.
Los diferentes organismos defensores de los derechos humanos se han pronunciado al respecto exigiendo que se garanticen los derechos legales y la salud para cada uno de los detenidos, algunos de ellos ya contaban con medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
