La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), Michelle Bachelet, demandó al régimen de Daniel Ortega un «cambio urgente» en las acciones que está realizando frente al proceso electoral, lo que implica liberar de manera inmediata a los aspirantes presidenciales detenidos arbitrariamente en las últimas semanas.
Bachelet advierte que la alarmante agudización de la crisis «aleja la posibilidad de que los y las nicaragüenses puedan ejercer plenamente sus derechos políticos en las elecciones del 7 de noviembre».
En el marco de la 47a sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Bachelet presentó este martes, 22 de junio, un informe actualizado sobre la situación de derechos humanos en Nicaragua, en el que destaca que se destaca un preocupante y acelerado deterioro.
«Llamo al Gobierno de Nicaragua a un cambio urgente en el curso de acción que está adoptando frente al proceso electoral. Ello implica, como mínimo: liberar de inmediato a todas las personas detenidas arbitrariamente; cesar todo acto de persecución en contra de las voces disidentes; reestablecer los derechos y libertades que hacen posible un proceso electoral libre, creíble y equitativo; y derogar la legislación restrictiva del espacio cívico y democrático», manifestó la Alta Comisionada.
Detalló que las detenciones de líderes políticos y dirigentes gremiales se están ejecutando bajo «conceptos penales ambiguos y sin suficiente evidencia probatoria» con «graves violaciones de las garantías procesales».
Al respecto, señaló que la Ley contra el Terrorismo (Ley 977) y la Ley de defensa de la Soberanía (Ley 1055), son normas que la OACNUDH había advertido que podrían ser utilizadas para perseguir a opositores, «como en efecto está ocurriendo».
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Deploró el despojo de las personalidades jurídicas del Partido Restauración Democrática (PRD) y el Partido Conservador (PC) y la reforma electoral que no recoge las peticiones de la sociedad civil e infringen los principios de legalidad.
Sumado a ello, la Oficina continúa documentando casos de detenciones arbitrarias, agresiones y hostigamiento contra opositores por parte de la Policía con el apoyo, en algunos casos, «de personas vestidas de civil»; así como hostigamientos contra medios de comunicación y periodistas independientes, a los que se pretende involucrar en investigaciones penales contra aspirantes presidenciales.
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«Las anteriores acciones en su conjunto generan un clima de temor que inhibe el ejercicio de los derechos de libertad de reunión pacífica, asociación y expresión, los cuales resultan esenciales para garantizar un proceso electoral creíble, libre y equitativo», advirtió Bachelet.
«Hago un llamado a este Consejo para que considere con urgencia todas las medidas a su alcance para fortalecer la promoción y protección de los derechos humanos en Nicaragua. Ello incluye la rendición de cuentas por las graves violaciones cometidas desde abril de 2018», añadió.
También reiteró que se autorice el regreso urgente de los mecanismos de derechos humanos a Nicaragua, para contribuir a superar la crisis que vive el país. «Lamentablemente, el Gobierno sigue sin contestar a las comunicaciones enviadas por mi Oficina», indicó.
A cinco meses de las eventuales elecciones generales previstas para el siete de noviembre, la dictadura recrudeció la persecución política y penal en contra de opositores, imponiendo cárcel a los precandidatos a la presidencia de Nicaragua Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Miguel Mora y Cristiana Chamorro, quien fue la primera aspirante presidencial detenida y quien se encuentra bajo arresto domiciliario.
La Policía también ordenó encarcelar a activistas políticos, exguerrilleros sandinistas y exdirectivos de organizaciones no gubernamentales, entre ellos banqueros y empresarios, para un total de 20 personas detenidas en las últimas tres semanas. Organizaciones nacionales de derechos humanos señalan que, a la fecha, la cifra de presos políticos en el país supera las 130 personas.
