Un grupo de mujeres nicaragüenses exiliadas en Costa Rica, integrantes de diferentes organizaciones feministas, realizarán a las dos de la tarde de este jueves, 17 de junio, un plantón en la Embajada de Nicaragua en el país vecino del sur, exigiendo al régimen de Daniel Ortega la liberación de todos los presos políticos.
«Dado el aumento de las detenciones arbitrarias y las personas desaparecidas en las últimas semanas por parte de la la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo; les invitamos al plantón feminista donde demandamos la liberación de las personas presas políticas en Nicaragua», destaca la información de la convocatoria, bajo el hashtag #QueLasLiberen.
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Por su parte, la prima de la opositora y ahora presa política Tamara Dávila, Sadie Rivas, miembro de la Red de Mujeres Pinoleras, dijo por vía telefónica a Artículo 66 que el objetivo de la protesta de este jueves es con el objetivo de «demostrar la solidaridad que estamos teniendo con todas las secuestradas políticas en las últimas semanas, así como todos los secuestrados anteriormente».
«Queremos visibilizar que desde el exilio podemos ser las voces de las familias en Nicaragua que no pueden ir a protestar a las calles por el nivel de represión que se vive actualmente», recalcó Rivas, quien además expresó que como familiar de la opositora Tamara Dávila se siente «entusiasmada de participar en una protesta justa por la liberación de todos los rehenes del régimen».
En cuanto a las medidas de seguridad, los organizadores de la protesta les recuerdan a los ciudadanos que participarán a tomar todas las medidas sanitarias para prevenir el COVID-19.
Según las activistas, esta es solo una de las primeras actividades que realizarán en Costa Rica, sino que es una más de las exigencias de justicia y democracia para Nicaragua. «Demostramos que estamos en disposición para que sepan que la diáspora en Costa Rica vamos a estar actuando siempre», concluyó Sadie Rivas.
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La dictadura de Daniel Ortega ha secuestrado al menos a 16 nuevos opositores, entre ellos cuatro precandidatos presidenciales, activistas, integrantes de organizaciones políticas, empresarios y miembros de ONG.
El último en ser detenido fue Luis Rivas. presidente ejecutivo del Banpro Todos los actuales presos políticos están siendo investigados bajo la Ley 1055, creada en 2020 por la dictadura, la que los califica a la oposición como «enemigos de la patria».
