El arresto de cuatro precandidatos presidenciales, Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga; más la detención de las opositoras Violeta Granera y Victoria Cárdenas y la del expresidente del Cosep, José Adán Aguerri; llevó al Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) a pronunciarse demandando las arbitrariedades del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que intenta aplastar aún más la democracia en Nicaragua e impedir unas elecciones libres, transparentes y observadas.
La entidad empresarial dirigida por Michael Healy, a través de un comunicado de este miércoles, nueve de junio, señaló que la dictadura «bajo el amparo de procesos ilegales y leyes inconstitucionales» ha desatado «un proceso de represión nunca visto en la historia democrática de Nicaragua que debe detenerse inmediatamente».
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El escrito llega horas después de la detención de quien fuese expresidente por 13 de años del Cosep. «El gobierno haciendo uso del sistema de justicia, ha comenzado a desmontar el régimen democrático que establece nuestra Constitución y la Carta Democrática Interamericana de la OEA (Organización de Estados Americanos) y por el cual es obligación del Estado de Nicaragua “el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos”», resalta el gremio empresarial.
En medio de este clima de hostilidad y represión, el Cosep reitera que ven casi improbable que la administración Ortega-Murillo otorgue las garantías para celebrar un proceso electoral donde se respete la voluntad del pueblo nicaragüense.
«Denunciamos ante el pueblo de Nicaragua y el mundo, que estamos siendo víctimas de la mayor crisis política y de derechos humanos de nuestra historia reciente, y que es urgente se garanticen la vida, la integridad física y los derechos constitucionales de todos los presos políticos», denuncia el Cosep, al tiempo que exige que liberen a José Adán Aguerri y de los demás detenidos, incluidos los más de 100 presos políticos.
«Reiteramos que el actuar del gobierno contra la oposición, y contra nuestro expresidente, cuestionan la viabilidad democrática de la realización de un proceso electoral libre, justo, competitivo y transparente; lo cual está sumiendo al país en una crisis política mucho más profunda con consecuencias para la estabilidad económica y social, que ya está afectando el presente y futuro de todos los nicaragüenses», resaltan.
El equipo de prensa de la Alianza Cívica (ACDJ) informó que el expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) José Adán Aguerri se encuentra «secuestrado» por el régimen desde las 8:30 de la noche. Aguerri fue trasladado a la Dirección de Auxilio Judicial Nacional, investigado por realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación, incitar la injerencia extranjera en los asuntos internos» y otros cargos establecidos en la controvertida Ley de Soberanía (Ley 1055), impulsada por el régimen.