La justicia controlada por Daniel Ortega no se atrevió a llevar a la aspirante presidencial Cristiana Chamorro Barrios a las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), ni siquiera la trasladaron para presentarla en la audiencia con la jueza sandinista que ordenó su aprehensión. El periodista Carlos Fernando Chamorro, hermano de la precandidata, informó a través de su cuenta de Twitter que «después de más de cinco horas de allanamiento policial en la vivienda de mi hermana Cristiana Chamorro, precandidata presidencial, a las 5:15 P.M los policías antimotines la dejan bajo “arresto domiciliar”, bajo aislamiento».
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Carlos Fernando agregó, además, que la casa de Cristiana quedó «ocupada por la Policía», quienes desde horas del mediodía de este miércoles, dos de junio, rodearon la residencia de la aspirante a la Presidencia y entraron con violencia, mientras impedían que los periodistas registraran la embestida policial.
Cristiana Chamorro Barrios inició a recibir ataques verbales, descalificaciones y ofensas por parte de la vocera gubernamental de la dictadura y segunda al mando del régimen, Rosario Murillo, desde que anunció su decisión de «servirle a Nicaragua», a través de su candidatura por la oposición.
La dictadura pasó de las palabras a los hechos el 20 de mayo de 2021, cuando el Ministerio de Gobernación citó a Chamorro, bajo los señalamientos de «inconsistencia financiera» por los años 2015-2019, en los reportes de cuentas de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, la cual fue dirigida por Cristiana Chamorro hasta enero de este año. Un mes después, en febrero, la Fundación Chamorro anunció oficialmente su disolución total para evitar someterse a la llamada Ley de Agentes Extranjeros, una de las normas que el régimen de Ortega aprobó a finales del año pasado, para someter y controlar los recursos de la cooperación internacional, limitar el financiamiento a medios de comunicación y periodistas y bloquear la posibilidad de acceso a fondos de los opositores.
Ortega ordenó inmediatamente pasar el caso a la Fiscalía, una instancia también bajo control del dictador, la que un día después, el 21 de mayo, citó a Chamorro Barrios a una «entrevista», en calidad de acusada por los supuestos delitos de lavado de dinero, bienes y activos, según dijeron, por una denuncia del Ministerio de Gobernación. Además de Chamorro, el régimen también acusó a los extrabajadores contables de la Fundación Chamorro, Walter Gómez y Marcos Fletes.
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A partir de entonces, la Fiscalía ha hecho desfilar a más de una veintena de periodistas, directores de medios de comunicación, fotorreporteros, consultores y escritores, a quienes, según las citatorias, los llamaron en calidad de «testigos» por haber estado vinculados profesionalmente con la Fundación Violeta Chamorro.
En el proceso, la Policía y paramilitares ejecutaron la captura de Walter Gómez y Marcos Fletes. A Gómez lo llegaron a capturar uniformados en patrullas policiales a su casa, ubicada en la colonia El Periodista; a Fletes lo levantaron hombres de civil a bordo de un microbús, con violencia y sin ninguna orden legal.
También, la Fiscalía convirtió de «testigos» a «imputados», después de la citatoria, a las periodistas María Lilly Delgado, corresponsal de la cadena internacional Univisión; a la especialista en medios de comunicación Lourdes Arróliga y al investigador y defensor de derechos humanos Guillermo Medrano; estos dos últimos, extrabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro.
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Incluso, en la petición de la Fiscalía de inhibir y capturar a Cristiana Chamorro, el órgano de investigación, bajo control del sandinismo, también pidió al Sistema Judicial que decretara medidas «precautelares», que incluyen restricción migratoria, contra Delgado, Arróliga y Medrano.
Muy buen resumen. Qué pasará ahora ,seguirá cxl sin reaccionar fuertemente.??
Que arbitrariedad, y violación a los derechos humanos.