La precandidata presidencial Cristiana Chamorro, los abogados y familiares de los extrabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH), Walter Gómez y Marcos Fletes, denunciaron que la Policía al servicio de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo han cometido «un rosario de violaciones» a los derechos humanos y garantís legales de los ciudadanos que fueron «secuestrados» el viernes 28 de mayo en medio de las investigaciones que impulsa el régimen contra la aspirante presidencial.
Durante una conferencia de prensa, efectuada la tarde de este 31 de mayo, Chamorro Barrios dijo que el caso que investiga el Ministerio Publico en su contra es «un juicio político, para inhibirme y para inhibir a los nicaragüenses en el próximo proceso electoral».
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«Hemos venido a denunciar el rosario de violaciones a sus derechos humanos y atropellos que están sufriendo Walter y Marcos. Fueron secuestrados por la Policía porque no hay ninguna razón ni orden de captura para que se los llevaran», dijo la aspirante a la presidencia.
«Ellos son inocentes, tienen un récord impecable y son profesionales intachables. Ellos no ha lavado dinero. Los únicos que lavan dinero aquí son los que han sido acusados por los organismos internacionales y que tienen cargos (en el gobierno)», dijo.
Detalló que a los excolaboradores de la Fundación se les ha violado el derecho a la defensa, porque el Poder Judicial «pasó por encima de la ley y la voluntad de Marcos y Walter al celebrar audiencia secreta sin la presencia de sus abogados».
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Además, «violaron su derecho a la presunción de inocencia. El derecho a ser informados de qué se les acusa. Se desconoce bajo qué cargo se les acusa al momento del secuestro. Se les violó el derecho a comunicarse con su familia o con un abogado de su elección».
De acuerdo con la denuncia de los abogados Orieta Benavidez, Eylin Cruz y Jorge Vargas que son lo que trabajan en la defensa, y familiares de los dos «secuestrados», hasta el momento no tienen información oficial de la condición en la que se encuentran, «están incomunicados y aislados y seguramente sometidos a tortura».
La esposa del excontador de la Fundación, doña Consuelo de Gómez, aseguró que no sabe nada de su esposo desde el viernes que se lo llevó la Policía, no ha podido verlo. Mientras la abogada Orieta Benavidez dijo que técnicamente los dos ciudadanos están «desaparecidos» pues no han podido verlos ni tienen ninguna comunicación oficial de su caso ni de sus condiciones.
Asimismo, aseguran que se les violó el derecho a la dignidad porque el «secuestro» fue ejecutado por efectivos policiales que violaron su dignidad humana y «sin ninguna justificación les ampliaron la detención por 90 días sin que haya necesidad porque todas las pruebas siempre han estado en manos y a disposición de la Fiscalía».
No teme que la lleven a la cárcel
Consultada la aspirante de si cree que la dictadura emita una orden de captura contra ella, dijo no temer a ese paso y que no descarta esa posibilidad de parte del régimen.
Walter Antonio Gómez Silva, es el excontador de la FBVCH y fue apresado en su casa de forma irregular, pues una patrulla de la Policía orteguista se presentó a su casa cuando ya oscurecía, aproximadamente a las seis de la tarde y sin mostrar ninguna orden judicial de captura o allanamiento obligaron a los habitantes del inmueble a abrir las puertas e irrumpieron para sacar por la fuerza al ciudadano y llevárselo a bordo de una camioneta. Además los efectivos montaron un registro en el interior del inmueble y ocuparon los sellos de Contador Público Autorizado (CPA) del profesional de la contabilidad así como una computadora que ocupaba para trabajar y varios libros contables.
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En tanto, al exadministrador financiero Marcos Fletes, un grupo de civiles armados lo interceptó cuando salía de una casa en un barrio de Managua donde se resguardaba, lo lanzó al piso con violencia y luego lo llevó hasta un microbús que esperaba a unos metros del lugar de la camptura donde estaba otro grupo de paramilitares y se lo llevaron.
La Policía orteguista se negó a dar información sobre el paradero y situación legal de los dos ciudadanos por más de 24 horas. Lo único oficial hasta ahora es un comunicado emitido directamente por la oficina de la vocería gubernamental, a cargo de la vicedictadora Rosario Murillo, en el que se da a conocer que a los ciudadanos Gómez y Fletes se les celebró una audiencia especial de garantías constitucionales que en realidad se convirtió en una violación a sus derecho constitucionales según denunciaron los abogados, pues la hicieron en secreto y sin la presencia de sus respectivos abogados defensores.