La precandidata presidencial Cristiana Chamorro se presentó este jueves, 27 de mayo de 2021, por segunda vez ante la Fiscalía General de la República, comandada por la sancionada orteguista Ana Julia Guido. La aspirante, hija de la expresidenta de Nicaragua Violeta Barrios, llegó para responder por la «acusación macabra» de la dictadura en su contra. A Chamorro la acusan de lavado de dinero, bienes y activos a través de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, (FVBCH), entidad que dirigió hasta febrero de 2021, cuando decidieron cerrarla por las impositiva Ley de Regulación de Agentes Extranjeros.
Chamorro, quien se perfila como la favorita en las encuestas para desbancar a los Ortega-Murillo, llegó a las 11:20 de la mañana al Ministerio Público. Desde el 20 de mayo hicieron públicos los supuestos señalamientos, pero fue el 26 de mayo que ya la entidad declaró que continuaría la «investigación» por haber encontrado «inconsistencias financieras» en los reportes de la Fundación de 2015 a 2019.
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«La acusación criminal en mi contra, armada burdamente por la dictadura, no solo es contra Cristiana Chamorro, es un atropello más a la democracia, al derecho del pueblo a elecciones libres y al periodismo independiente», escribió en su cuenta de Twitter la también hija del mártir de las libertades públicas Pedro Joaquín Chamorro, mensajes que acompañó con las etiquetas de #SíANicaragua y #SOSNicaragua.
Chamorro, quien ha dicho que ella no tiene idea de cómo se ejecuta el lavado de dinero, le recordó al régimen que se presentaría para «seguir desenmascarando la farsa» que asegura le han montado.
Al presentarse ante la Fiscalía, dijo que había llegado a «ejercer su derecho a la información pública. Quiero saber por qué me están cargando estos delitos de falsedad ideológica, gestión indebida, actos ilícitos y lavado de dinero y he venido también en defensa del periodismo independiente para saber por qué están arremetiendo contra todos ustedes porque ustedes tienen derecho a seguir trabajando en libertad y a seguir informando a cada uno de los nicaragüenses».
Agregó que interpuso «un recurso de amparo en contra de los fiscales porque nos sentimos amenazados, yo y todo mi equipo dentro de la Fundación, a quienes los andan persiguiendo y el recurso es contra el fiscal Rugama, contra el fiscal Moraga y contra la fiscal Heidi Martínez». Además, argumentó que el Ministerio de Gobernación (Migob) se negó a aceptarle un escrito para defenderse.
«Ya dijo Estados Unidos que aquí no hay lavado de dinero. Aquí me quieren montar, como ya dije anteriormente, un juicio macabro y es un juicio contra todos nosotros, contra toda la prensa independiente, contra la libertad de expresión y contra las libertades públicos. Es juicio contra todos nosotros irrespetando nuestro derecho a ir a elecciones el próximo siete de noviembre. Mi servicio a Nicaragua no peligra», finalizó.