El Gobierno de Estados Unidos, a través de la subsecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de la administración de Joe Biden, Julie Chung y el exsecretario de la Comisión Interamericana de derechos Humanos (CIDH), Pablo Abrāo, condenaron la inhabilitación de partidos políticos para participar en las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias en Nicaragua, guillotina que fue ejecutada por el Consejo Supremo Electoral (CSE) orteguista mediante la cancelación de personalidades jurídicas de forma arbitraria.
La diplomática Julie Chung, a través de un mensaje en su cuenta oficial de Twitter, reprochó la acción de las autoridades electorales de Nicaragua, lo que aseguró socava la credibilidad del proceso de elecciones previstas para el siete de noviembre, al tiempo que llamó a la comunidad internacional a reaccionar ante tal hecho.
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«Al cancelar arbitrariamente el estatus legal de un partido político de oposición, el Consejo Electoral de Ortega está socavando el derecho de los nicaragüenses a elegir a sus líderes y la credibilidad del proceso electoral. Las naciones democráticas no pueden ignorar lo que está sucediendo en Nicaragua», indicó la diplomática norteamericana.
Los magistrados del CSE, impuestos por el régimen de Daniel Ortega, resolvieron en menos de 24 horas, una impugnación de un grupo de pastores evangélicos, que se hicieron pasar como miembros del PRD y cancelaron la personalidad jurídica de esa organización política, con lo que la dejaron fuera del proceso electoral y de esa forma también intentan aniquilar por completo a la Coalición Nacional.
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Además, el mismo CSE, convertido un un brazo represor de la dictadura, contra las organizaciones políticas que aspiran a participar en las elecciones, también canceló este 19 de mayo la existencia legal del Partido Conservador sacando del juego electoral a ese grupo con casi 200 años de existencia.
Por su parte, el activista internacional defensor de los derechos humanos y execrativo de la CIDH, Paulo Abrāo dijo en su cuenta de Twitter que la supresión de las personalidades jurídicas al PRD y al partido Conservador son arbitrarias e ilegales.
«No hay respeto a los derechos humanos en Nicaragua y parece que tampoco elecciones libres. Las decisiones de impedir al PRD de la Coalición Nacional, que apoyó las protestas opositoras de 2018 y el Partido Conservador son arbitrarias e ilegales», criticó Abrāo.
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Diversos sectores políticos han advertido que la estrategia del régimen de Daniel Ortega es amedrentar a los votantes y desalentar a la oposición para quedarse «jugando solo» en un proceso electoral que ha preparado a su medida, gusto y antojo con el fin de no tener competencia y mantenerse en el poder.
El Partido Ciudadanos por la Libertad (CxL), que encabeza la Alianza Ciudadanos por la Libertad (ACL), es hasta ahora la única alternativa que le queda a la oposición para enfrentar a Ortega y su Frente Sandinista de Liberación Nacional que encabeza la Alianza Unida Nicaragua Triunfa, sin embargo, el partido que dirige Kitty Monterrey también tiene una daga puesta en el cuello con una impugnación que le fue interpuesta por un abogado liberal en octubre del 2020 y que aún no ha sido resuelta por el Poder Electoral.
Muy bien, ya no tenemos casilla para ejercer nuestro derecho ciudadano, estamos encadenados.