El Partido Restauración Democrática (PRD) y el Partido Conservador (PC) introdujeron, cada uno por su lado, un recurso de revisión ante el Consejo Supremo Electoral (CSE),por el despojo arbitrario de sus personalidades jurídicas. «Agotaremos todas las vías legales», habían advertido los directivos del PRD.
Esta acción legal ejecutada este miércoles, 19 de mayo, tiene el propósito de demanda se revierta la decisión de cancelación de personalidad jurídica, para que ambas casillas queden sin trabas para participar libremente en las próximas elecciones de noviembre 2021.
Al Partido Conservador le cancelaron su representación legal días después que su presidente Alfredo César anunciara que no «participaría» en los comicios del siete de noviembre por considerar que serían «fraudulentos».
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«Recibimos una notificación que nos cancelan la personería jurídica por haber anunciado que no vamos a participar. Es decir, que nos aplican la ley antes que llegue el causal que es no inscribir. Es un documento de una página donde dicen: resuelven, único, cancelar la personería jurídica del PC, notifíquese para todos los efectos de ley», dijo César a medios nacionales.
En su recurso, los conservadores destacan que si «ese partido no presentase candidatos en la fecha estipulada en el calendario electoral, hasta entonces sería un hecho material la no participación», por lo cual consideran arbitrario el despojo y deja en evidencia que la decisión de no participar era un supuesto para esa agrupación y no una certeza.
Mientras, las razones por las que «descabezó» la dictadura al PRD se basaron en la impugnación por parte de un grupo de pastores evangélicos; señalados de ser aliados de la dictadura, alegando que el partido abandonó el seno cristiano y que ahora procura una alianza con organizaciones feministas, de la diversidad sexual y otras miembros de la Coalición Nacional, lo que consideran viola los estatutos.
Saturnino Cerrato, presidente de esa agrupación política, informó que recibió una cédula de notificación que «resuelve cancelar la personería del PRD» y que la decisión es inapelable.
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Este acto arbitrario por parte del régimen de Daniel Ortega deja entrever la falta de voluntad de celebrar unas elecciones justas y democráticas en Nicaragua; según analistas.
