Después de una campaña de recolección de ayuda económica, el director del medio de comunicación electrónico Boletín Ecológico, David Quintana, finalmente logró pagar la que llamó «multa infame» que le impuso el sistema judicial subordinado al régimen Ortega-Murillo, por el delito de injurias y calumnias que supuestamente habría cometido el comunicador en contra de dos simpatizantes sandinistas.
El viernes 7 de mayo, Quinta se dirigió a uno de los bancos de la capital, habilitados para recibir ese tipo de pagos al Estado y al salir declaró que «gracias a la solidaridad del pueblo de Nicaragua que apoya el periodismo independiente» logró cancelar la obligación de 300 días multas, equivalentes a más de 13 mil córdobas que fue la condena que le impuso el juez orteguita.
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Quintana es el segundo periodista condenado por calumnias en un lapso menor de seis meses. La primera fue la jefa de prensa de Radio la Costeñísima, Kalúa Salazar. El juez Quinto Local de Managua, José Ernesto Martínez Velásquez, declaró culpable al director de Boletín Ecológico por el delito de calumnia. En ambos casos las acusaciones han sido promovidas por reconocidos militantes sandinistas.
En el caso de la comunicadora del Caribe, fue declarada culpable por el delitos de calumnia, por la jueza Deyanira Traña, de Bluefields. Salazar fue obligada a pagar 120 días multas equivalentes a 7,684.58 córdobas.
El caso de Quintana se remonta al 10 de julio, cuando Nelson Vázquez Oporta y Junieth Dávila Cruz, ambos señalados de ser militantes del partido de Gobierno Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), interpusieron una querella por el delito de calumnia contra Quintana, porque en una de sus transmisiones de Facebook Live del 17 de junio del 2020, supuestamente Quintana entrevistó a dos personas que dijeron haber sido desalojadas violentamente, a raíz de una disputa que sostenían con Vázquez y Dávila por la propiedad de una vivienda.
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Al pagar la multa, el comunicados de Boletín Ecológico, tras agradecer a todos los que aportaron para que lograra reunir el monto de la penalización, advirtió que esa ayuda es una muestra de que la gente apoya al periodismo independiente y que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo «se sostiene en el poder solo por las armas».
La recolecta fue hecha «córdoba a córdoba, oficina a oficina y desde todos los departamentos mandaron ayuda», agradeció Quintana.
La dictadura Ortega-Murillo mantiene una «cruzada» represiva contra los medios de comunicación y periodistas independientes. Los ataques van desde intimidación, estigmatizaciones y judicialización en un intento de someterlos.
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De acuerdo con los reportes de los defensores de derechos humanos nacionales e internacionales, solo en el último trimestre del presente año hubo 53 casos de violaciones a libertad de prensa, de las cuales 43 son agresiones contra comunicadores, además de ataques y estigmatización al trabajo de la prensa independiente.
Entre los casos más notables se cuentan cinco casos de obstrucción a la libertad de expresión y la judicialización del quehacer periodístico y el asedio constate contra la jefa de prensa de Radio La Costeñísima, Kalúa Salazar, y el comunicador David Quintana, así como los ataques contra las instalaciones y personal de Radio Darío, de León, y Notimatv de Matagalpa.
