La diputada del partido Liberal Constitucionalista (PLC) Azucena Castillo asegura que la propuesta de José Venancio Berríos como candidato a magistrado del Consejo Supremo Electoral (CSE) la hizo a título personal, porque el propio Berríos se le acercó para pedirle su apoyo en ese sentido, pero agrega que si es considerado un mal candidato (por ser una posible ficha del FSLN) pues «yo misma lo retiro».
Castillo, consultada por Artículo 66 sobre la nominación de Berríos, dijo que la propuesta fue haciendo uso de la facultad que le otorga la Ley a los diputados para presentar candidatos a ocupar un escaño en el CSE y que fue Berríos quien le propuso una serie de proyectos que quiere impulsar en caso que se convierta en titular de ese Poder del Estado.
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«En mi carácter individual, de diputada lo propuse (a José Venancio Berríos) porque este señor me dijo que quiere presentar unos proyectos importantes cuando llegue ahí (a la magistratura del CSE) como el voto en el exterior, que tiene rato de estarlo impulsando como presidente de “Provoto” y no lo ha logrado, además de la independencia de la cedulación, y dice que está seguro que cuando llegue al CSE lo va a lograr», justificó Castillo.
En cuanto a algunos señalamientos que tildan a Berríos como una posible ficha de Daniel Ortega y del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), la diputada liberal dijo que «en este enredo todo mundo se señala de todo, unos dicen que es liberal del Partido Liberal Independiente (PLI) ahora que podría ser del Frente, no sé, hay que ver cómo sale si es que llega ahí. Él presentó todos los requisitos y como ciudadano tiene derecho», argumento Castillo.
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La parlamentaria liberal asegura que accedió a postular a Berríos para el CSE ante la Comisión Especial con Carácter Constitucional de Aspectos Electorales de la Asamblea Nacional porque le dijo que iba a institucionalizar la cedulación y que lucharía por la separación de poderes desde CSE y no le vio antecedentes que lo involucraran en algo malo.
«¿Es mal candidato creés? Yo lo oí a él hablando distinto. Hay que revisar bien porque si es mal candidato yo misma lo retiro», afirmó la parlamentaria Castillo, quien además aseguró que también quiso proponer al economista Néstor Avendaño pero éste se excusó aduciendo que es miembro de la Comisión de Buena Voluntad (CBV) y dentro de esa organización tienen el compromiso de no asumir ese tipo de propuestas.
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José Venancio Berríos es un abogado dedicado a la política hace tiempo y se ha identificado como liberal. En las elecciones del 2016 fue candidato a diputado en la lista del PLI donde tuvo contradicciones con los directivos de ese partido que lo acusaron de querer imponer su presencia en la directiva.
Así mismo, en el 2015, Venancio Berríos fue señalado por jóvenes miembros del grupo Resistencia Juvenil por la Dignidad Nacional (Rejudin) y de la Fundación Forjando el Futuro Nicaragüense (Forfunic) de haberles pagado a todos ellos para atacar a pedradas a opositores que reclamaban elecciones libres para el 2016, en los llamados «miércoles de protesta»; ese día los atacantes, supuestamente pagados por Berríos, actuaron protegidos por la Policía y provocaron varios lesionados.
Este ciudadano maneja una organización denominada “Provoto”, y supuestamente ha abanderado la petición del voto en el exterior, pero nunca se le ha visto criticar a la dictadura de Ortega, y tampoco se sabe de dónde se financia su organismo.
Lo que sí se conoce es que Berríos fue uno de los cinco querellantes en la litis del Partido Liberal Independiente (PLI), que justo antes de las elecciones presidenciales del 2016 terminó por arrebatarle los sellos del partido al grupo de Eduardo Montelagre. La Corte Suprema de Justicia, controlada por Ortega, terminó por entregarle la agrupación política a un sujeto identificado como Pedro Reyes, pero Berríos se quedó cerca. Al final, ese grupo también desmanteló la bancada opositora y despojó de las curules a 24 diputados opositores, que habían sido electos en el 2011, en la casilla del PLI.
Años atrás, Berríos también se lanzó con una demanda millonaria contra el fallecido expropietario del canal 8 de televisión, Carlos Briceño, un proceso que terminó siendo la antesala para que esa estación televisiva finalmente fuera comprada a Briceño por el Frente Sandinista, con dinero de la cooperación venezolana.
