Tras oficializarse la convocatoria para iniciar el proceso de elección de nuevos magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE) y posibles reformas a la Ley Electoral, el aspirante a la Presidencia de Nicaragua Arturo Cruz afirmó que la dictadura quiere convertir a ese poder del Estado «en un pelón de fusilamiento para nuestros derechos a elegir y ser electos».
La Unión Europea declaró que la reforma a la Ley Electoral y el nombramiento de nuevos magistrados del Consejo Supremo Electoral controlado por el régimen constituyen un “retroceso” de la democracia. La OEA y EEUU también se sumaron al rechazo.
El exembajador de Nicaragua en Estados Unidos, quien es criticado y señalado de ser aliado de la dictadura de Daniel Ortega por haber representado al régimen entre 2007 y 2009 en Washington, aseveró que no se puede permitir que la administración Ortega-Murillo pase por encima de los derechos de los nicaragüenses y que elija a magistrados a su medida. «Yo he sido siempre claro, la verdadera unión de las fuerzas democráticas debe demostrarse en momentos como este (elecciones), todavía nada está dicho en esta lucha por las condiciones electorales», refirió.
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Además indicó que se debe consensuar acciones «para asumir el papel que nos corresponde como oposición democrática», sin embargo no dijo cuáles serían esos pasos para presionar al dictador Daniel Ortega a crear condiciones para unos procesos electorales creíbles, observados y transparentes.
A través de un vídeo, que sirve como propaganda a su precandidatura, Cruz invitó a los nicaragüenses a hacer uso de las redes sociales y canales de comunicación «para exigir en unión reformas electorales que tengan como base la resolución de la OEA (Organización de Estados Americanos) del 21 de octubre de 2020».
Pese a este panorama, el exembajador llamó a no sumergirse «en la desesperanza; que estoy seguro que vamos a vencer». Arturo Cruz anunció su interés de convertirse en presidente el dos de marzo de 2021 aprovechando la presentación de un libro de su autoría. Hasta el momento, ha mostrado cercanía con el partido Ciudadanos por la Libertad (CxL), de Kitty Monterrey.
Ortega y sus reformas
La Comisión Especial encargada de recibir y dictaminar las propuestas de futuros magistrados, así como posibles reformas a la Ley Electoral está conformada por cinco diputados al servicio del régimen, una diputada del Partido Liberal Constitucionalisa (PLC) y un parlamentario del Partido Liberal Independiente (PLI), que en ocasiones anteriores ha apoyado las iniciativas del FSLN.
La integran los diputados sandinistas María Auxiliadora Martínez Corrales, quien presidirá la Comisión; Edwin Castro, Irma de Jesús Dávila, Jenny Azucena Martínez Gómez, Wálmaro Gutiérrez; la nueva presidenta de la bancada del PLC, diputada Rosa Argentina Navarro, y el diputado del PLI Mario José Asensio Florez. La Secretaría de la Comisión estará a cargo de la directora general de asuntos legislativos, doctora Aniuska Fabián Abea Gómez.
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Luego de de ser conformada la Comisión Especial encargada de revisar y dictaminar los respectivos cambios en el Poder Electoral y la normativa, los diputados de la bancada del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) presentaron una iniciativa de Ley de reforma y adición a la Ley Electoral (Ley 331).
La iniciativa del régimen propone «incorporar de manera expresa la prohibición a partidos políticos, alianzas de partidos y cualquiera de sus candidatos o candidatas, de recibir financiamiento directo o indirecto del exterior, de ninguna índole, bajo ningún concepto».
El planteamiento va en correspondencia con las recientes leyes impulsadas por Daniel Ortega para limitar e inhibir la participación de la sociedad civil y políticos opositores en el proceso electoral; en particular a la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros y la llamada Ley de defensa de los derechos del pueblo. Opositores a criticado las acciones del reprimen y han señalado que seguirán presionando para que hayan procesos electorales con condiciones y siguiendo las recomendaciones de la OEA.
