El partido Ciudadanos por la Libertad (CxL) invitó este lunes, 20 de abril, a otras fuerzas políticas de la nación a firmar un pronunciamiento conjunto, como una muestra de unidad opositora y una forma de rechazo a las reformas electorales impulsadas en el legislativo por diputados del partido de Gobierno con el fin de facilitar la permanencia de los Ortega-Murillo en el poder, pero en su llamado ignora a la Unidad Nacional azul y Blanco (UNAB) y a la Coalición Nacional (CN).
La carta de remisión de la propuesta de pronunciamiento, que está firmada por la presidenta nacional de CxL, Carmela (Kitty) Rogers de Monterrey está dirigida únicamente a la «señora Juanita Juárez, coordinadora nacional del Movimiento Campesino; reverendo Saturnino Cerrato, Presidente del partido Restauración Democrática y señor Brooklyn Rivera Bryan, presidente Partido YATAMA», es decir, la Coalición Nacional y la UNAB «no existen» como fuerza opositora en este pronunciamiento.
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«Como hemos venido denunciando, desde las organizaciones políticas y de sociedad civil, la reciente iniciativa de reforma a la Ley Electoral que está siendo tramitada en la Asamblea Nacional no responde al clamor nacional e internacional de reformas electorales para la realización de elecciones libres, transparentes justas, competitivas y observadas. Por el contrario, su aprobación profundizaría la crisis del sistema electoral nicaragüense y dificultaría aún más la realización de un proceso electoral donde el voto ciudadano sea respetado», dice la carta enviada a las tres fuerzas opositoras que CxL intenta arrancar de la Coalición Nacional.
Agrega la carta de remisión enviada por Kitty Monterrey, que «ante esta gravísima amenaza para el futuro de nuestra Patria y coincidiendo con el sentir de lo expresado individual y colectivamente por la mayoría de los nicaragüenses, me permito proponer la suscripción de un pronunciamiento conjunto donde las organizaciones sociales y políticas opositoras unamos nuestras voces para rechazar categóricamente esta iniciativa de reforma a la Ley Electoral y exigir la implementación de reformas acordes con las planteadas por la Asamblea General de la OEA en su Resolución del 21 de octubre de 2020».
Pronunciamiento conjunto contra reformas
En el pronunciamiento, que CxL señala como punto de unión de las fuerzas políticas y sociales opositoras contra las reformas electorales orteguistas, destaca los principales aspectos lesivos de la iniciativa sandinista y asegura que pone de manifiesto «nuestra unánime voluntad de seguir demandando verdaderas reformas electorales para que se respete el voto ciudadano», sin embargo, aunque habla de unidad, ignora a las organizaciones sociales agrupadas en la UNAB y por ende en la Coalición Nacional.
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«Para que nuestra Patria supere pacíficamente la profunda crisis nacional, agravada desde 2018 por la escalada represiva del régimen, es fundamental la implementación de una reforma electoral que incorpore las transformaciones legales e institucionales necesarias para brindar a los ciudadanos y organizaciones políticas las garantías necesarias para la realización de elecciones libres, transparentes, justas, competitivas y observadas, como primer paso para reconstruir el sistema democrático e instaurar un Estado de Derecho que garantice libertad, paz y prosperidad a todos los nicaragüenses», dice en su introducción el pronunciamiento propuesto por CxL.
Así mismo, destaca que el proceso iniciado en la Asamblea Nacional para la elección de magistrados del Consejo Supremo Electoral y la tramitación de la iniciativa de ley de reforma a la Ley Electoral presentada el lunes 12 de abril por la bancada oficialista, no contribuyen a la consecución de elecciones democráticas porque no responde a la demanda nacional e internacional de facilitar un proceso donde se respete el voto ciudadano, más, dichos cambios profundizan la actual crisis de transparencia y credibilidad de las instituciones electorales.
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Además, el pronunciamiento propuesto denuncia que las reformas electorales establecen nuevas restricciones a las libertades políticas, «mantiene intacta la conformación bipartidista de los órganos electorales, traslada al ámbito electoral el Estado Policial imperante, no establece normas tendientes a la auditoría y depuración del padrón electoral, elimina la publicidad del padrón y el proceso de verificación ciudadana, mantiene la inconstitucional división entre padrón activo y pasivo, impone nuevos obstáculos y restricciones a los partidos políticos».
Además, señalan que como un acto represivo e intimidatorio contra la oposición, el régimen manda a incorporar «a la legislación electoral las inconstitucionales causas de inhibición a candidatos opositores contenidas en la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros y Ley de Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo, a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz».
