La Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), acompañada de familiares de presos y presas políticos organizados, convocó a dos días de luto nacional este 18 y 19 de abril en honor a las víctimas de la represión, a tres años del estallido social en 2018.
«Invitar a que cada nicaragüense en cada municipio, barrio, comarca, haciendo uso de sus propias expresiones locales de resistencia ciudadana no violenta, de sus propios mecanismos de expresión, se sumen a este duelo nacional», declaró en conferencia de prensa, el precandidato presidencial Félix Maradiaga, este viernes, 16 de abril.

Aunque, la organización opositora aseguró sumarse a la iniciativa de «quédate en casa» lanzada por la Alianza Ciudadana, los miembros señalaron que, para algunos nicaragüenses, esa convocatoria no es «factible».
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«También tenemos que reconocer que hay gente que no puede quedarse en casa porque tiene que salir a trabajar, porque tal vez es una persona “azul y blanco” que le trabaja al Estado. Hay manera de honrar abril, desde vestirse de negro», explicó Alex Hernández, al tiempo que los integrantes no descartaban posibles protestas exprés en esas fechas.

Por su parte, los familiares de presos y presas políticos expresaron su indignación ante la impunidad e invisibilización a tres años de la represión. A las organizaciones opositoras que no presentan acciones concretas que abonen a la liberación de los reos, les expresaron su «profunda decepción y rechazo» a su llamado a la pasividad.
«A los precandidatos: no pueden aceptar elecciones si primero no hay liberación de neusros secuestrados. Si van a elecciones, les decimos que no cuentan con el apoyo del pueblo», enfatizaron.

Las demandas se realizaron en conferencia de prensa en medio de un fuerte despliegue policial en la entrada del hotel Maracas, lo que conllevó a una pequeña manifestación en contra del régimen.
En el comunicado de la UNAB también presentaron más propuestas: Ratificar el Estatuto de Roma para adherirse al sistema mundial de derechos humanos; la creación de un mecanismo de protección a los DDHH en el Poder Judicial; la creación de una Comisión de la Verdad amplia; la indeminización por el Estado a las víctimas del régimen; una Fiscalía especial independiente para iniciar un proceso judicial contra perpetradores de crímenes; derogar la Ley de Amnistía; no impunidad; y el retorno seguro de exiliados.