Meylin Obregón fue liberada tras ser secuestrada por la «mafia mexicana» en su intento por llegar a EE. UU. Obregón es la madre del menor W.E.G.O, de 10 años, encontrado el primero de abril de 2021 por un oficial de la Patrulla Fronteriza estadounidense en el desierto, en el lugar conocido como La Grulla, frontera con México. El niño se encuentra bajo resguardo de las autoridades del Gobierno de Joe Biden.
En una entrevista a Univisión Noticias, Meyling Obregón expresó que sus captores le dijeron que «no les convenía tenerme ahí, que me dejarían en otro lugar. Me dejaron en una parte sola, abandonada».
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La nicaragüense además mencionó que ya había solicitado asilo político y que se entregaría a las autoridades fronterizas. Además, aseguró que «por lo que me dijeron me van a dar el asilo».
A través de un comunicado, la Comisión de Buena Voluntad (CBV), integrada por el académico Carlos Tünnermann, el empresario radial Fabio Gadea Mantilla y el exjugador de béisbol en las grandes ligas Dennis Martínez, rechazó la propuesta de reformas electorales introducida a la Asamblea Nacional por la bancada del Frente Sandinista, con la que el régimen pretende imponer sus condiciones en un posible proceso electorales de noviembre del presente.
Comisión de Buena Voluntad califica de «zarpazo a la dignidad reformas» electorales de la dictadura
Dicha comisión afirma en su pronunciamiento que esa propuesta que pretende aprobar el régimen orteguista es un «zarpazo a la dignidad ciudadana y a toda noción de democracia» y señala que la ciudadanía tiene el derecho a ejercer el voto como uno de sus principales instrumentos cívicos por excelencia, «sin embargo estas reformas electorales propician todas las condiciones para el fraude y limita aún más el derecho a conocer, denunciar y sancionar una farsa electoral».
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El grupo cívico critica que la dictadura no ha acatado las recomendaciones de la Organización de Estados Americanos (OEA) donde llamó a realizar reformas electorales significativas y coherentes con las normas internacionales, a fin de promover elecciones libres y justas.
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) advirtió este miércoles, 14 de abril, que no hay datos precisos del plan de vacunación contra el COVID-19 en Nicaragua y el Gobierno tampoco ofrece condiciones seguras en los puestos donde se aplica la inyección a adultos mayores con enfermedades crónicas.
Ciro Ugarte, director de Emergencias Sanitarias de la OPS, durante la conferencia de prensa semanal que realiza esa entidad señaló que «en algunos lugares hay esperas prolongadas y que es prudente revisar las condiciones para esperar ser vacunados».
Además, alertó que la organización internacional de salud no tiene «información precisa de las coberturas, no hay datos precisos sobre los grupos de edad y de personas por ubicación», por lo que urgen al régimen que presente esos dato porque son necesarios para que la población pueda continuar con el proceso de inkunización.
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La jueza orteguista Irma Oralia Laguna Cruz condenó a 18 años de cárcel y más de 50 mil córdobas de multa a la presa política Julia Cristina Hernández, de 32 años, originaria de la comarca El Jocote, en Masaya.
A la ciudadana le imputaron los supuestos delitos de tráfico de drogas y posesión ilegal de armas y municiones. La notificación se dio a conocer el martes, 13 de abril, al abogado defensor Julio Montenegro.
Junto a Hernández fue condenado por los mismos supuestos delitos su esposo, Eduardo Morales Gadea, a quien le dictaron igual pena y la cumplirá en el centro penitenciaria Jorge navarro, de Tipitapa, mientras que su esposa será recluida en el establecimiento penitenciario para Mujeres, La Esperanza, ubicado en el mismo municipio.
La Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), a través del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, condenó los recientes actos de intimidación y hostigamiento en redes sociales en contra de la presidenta del CENIDH, doctora Vilma Núñez de Escorcia.
Según el organismo internacional defensor de derechos humanos, las acciones represivas y de ciberacoso son realizadas por «personas fanatizadas políticamente» que siguen la línea de los dictadores de Nicaragua Daniel Ortega y Rosario Murillo.
