La muerte de mujeres por violencia de género continúa incrementando en Nicaragua. En el primer trimestre de 2021 ya se contabiliza 19 femicidios y 41 en grado de frustración, lo que en comparación con el mismo periodo del año pasado, refleja un aumento de dos asesinatos y once femicidios frustrados.
La organización Católicas por el Derecho a Decidir (CDD) detalla que del primero de enero al siete de abril estas 19 muertes violentas han sido cometidas por sus parejas (6), conocidos (4), desconocidos (3), familiares (2), personas no identificadas (2), expareja (1) y compañero de trabajo (1). Diez de las víctimas tenían entre 35 a 59 años, ocho tenían entre 18 a 35 años; y en uno de los casos, no se brindó especificaciones. El delito ha provocado que 25 niños, niñas y adolescentes queden en la orfandad, deplora la organización.
La CDD alerta que los delitos se continúan cometiendo, principalmente, en la zona rural donde se registró once casos, los otros ocho se reportaron en el área urbana. En Managua hubo cuatro femicidios; en Nueva Segovia y Matagalpa, tres casos; en el Caribe Sur y Rivas, dos mujeres fueron asesinadas en cada departamento; y un asesinato se reportó en cada uno de los departamentos del Caribe Norte, Jinotega, León y en el país vecino, Costa Rica. Los femicidas han cometido su crimen, mayormente, en el ámbito público (13) que en el privado (6).
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Pese a los datos alarmantes, seis crímenes contra mujeres se encuentran en la impunidad, tres femicidas están prófugos de la justicia, un sujeto se encuentra bajo investigación y un autor se quitó la vida. La CDD señala que solo cinco casos se encuentran en proceso judicial y tres hombres ya recibieron sentencia.
En reiteradas ocasiones, la organización feminista ha hecho llamados al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo para que aplique de manera efectiva la Ley integral contra la violencia hacia las mujeres (Ley 779) e implemente políticas públicas de protección y justicia hacia las mujeres, sin embargo la CDD ha reclamado que la situación de femicidios en el país solo han sido utilizada con fines políticos para implementar, por ejemplo, la cadena perpetua en el país.