El régimen Ortega-Murillo parece encaminado a consumar un fraude electoral más de forma irremediable, según opositores. A siete meses de las elecciones presidenciales y parlamentarias programadas por ley para el próximo siete de noviembre, la dictadura mantiene el proceso un limbo legal, con un Consejo Supremo Electoral (CSE) acéfalo y la mayoría de sus magistrados con sus cargos vencidos, además, no da señales de iniciar el proceso de reformas electorales para dar credibilidad al proceso electoral.
José Pallais, asesor político del movimiento Fuerza Democrática Nicaragüense (FDN) y representante de ese grupo ante el directorio de la Coalición Nacional (CN), dijo a Artículo 66 que el actual proceso será histórico por las circunstancias en las que se desarrolla, nuevamente ante una dictadura, está teñido de dificultades que por lo pronto solo denotan un fraude desde la institución misma que debería ser más bien garante de legitimidad, pero que en realidad es una estructura partidaria del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
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Según el político opositor, todas las medidas ejecutadas por el régimen en los últimos meses «van en la línea de impedir o dificultar la participación de la oposición en condiciones de competitividad en un proceso electoral», y eso, asegura, le resta credibilidad, porque no sería un proceso justo.
«La oposición no tendría posibilidad real de competir frente a todas las ventajas que el régimen se ha designado y el fraude sistémico ha sido construido alrededor del uso de la fuerza mediante la suspensión de facto de las garantías constitucionales de los opositores, a los que hasta hoy les siguen impidiendo todo intento de organización de la oposición, todo intento de reunión es interrumpido, si está en etapa de preparación tratan de abortarlo, si detectan movimiento de los líderes los citan a la Policía para amenazarlos y con más de 100 liderazgos a todos los niveles que sufren vigilancia constante en sus casas», señaló el político.
Agregó que «todo esto es parte del fraude institucional o sistémico, que no permite que sea una elección, porque va en contra de los estándares internacionales».
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Faltando solo siete meses para que se realicen las votaciones en las que se deberá elegir al presidente y vicepresidente de la República, además de 90 diputados a la Asamblea Nacional y 20 diputados al Parlamento Centroamericano, la dictadura de Daniel Ortega mantiene en sus cargos a al menos cinco magistrados electorales a los que se les ha vencido sus nombramientos. El CSE está integrado por siete magistrados propietarios y tres suplentes.
De acuerdo con una publicación de la revista nicaragüense Confidencial, los magistrados Emmett Lang Salmerón, Luis Benavides Romero y Judith Silva Jaen tienen sus cargos vencidos desde 2019. Lang Salmerón es un excomandante guerrillero sandinista. A las magistradas electorales sandinistas Norma Moreno Silva y Mayra Salinas Uriarte se les venció el 18 de febrero de 2021. Estas dos magistradas fueron las últimas electas por los diputados orteguistas en 2016.
Otro aspecto que pone en serias dificultades la organización del próximo proceso electoral es que la institución que debería ser la rectora de dicho proceso, se mantiene acéfala, pues en la realidad, no hay un magistrado presidente oficialmente desde que el cuestionado Roberto Rivas fuera sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y por tal motivo, separado de ese cargo en mayo del 2018.
La plaza bacante de presidente del Poder Electoral, es una incógnita hasta ahora, sin embargo, según Confidencial, la dictadura baraja varios nombres para cubrirla, por supuesto con un incondicional. Los principales son la actual magistrada Mayra Salinas y el exvicecanciller Valdrack Jaentschke Whitaker. Otros que se han mencionado para reforzar el CSE, bajo el control sandinista, son el exembajador ante la Unión Europea, Lautaro Sandino Montes, y el exsubdirector de la Policía, Francisco Bautista Lara
El jefe policial que recientemente fue removido de su cargo de embajador en el Vaticano donde solo duró cinco meses, aseguró a Confidencial, desconocer que esté siendo mencionado como posible magistrado electoral.
En el caso de Salinas es una funcionaria de la plena confianza del matrimonio dictatorial Ortega-Murillo. Sandino Montes fue removido de un cargo diplomático a inicios de 2021, y el 23 de febrero, Valdrack Jaentschke fue cancelado como vicecanciller y de otros 16 cargos diplomáticos que ostentaba.
Reformas electorales «técnicas»
Para el Pallais, además de las dificultades que genera el cuestionado CSE, que «en realidad es una estructura partidaria del FSLN y no un Árbitro imparcial como debería ser», también esta la dificultad de la Ley Electoral que el régimen pretende maquillar a su conveniencia para dar apariencia de reformas.
«En cuanto a las reformas electorales, se dice, de acuerdo con la información que hemos recibido, que harán la convocatoria oficial seis meses antes, es decir, en mayo, y hasta entonces se dará a conocer el calendario electoral y paralelo, en mayo se introducirá un proyecto de reformas electorales técnico, que negociarán dentro de la misma Asamblea Nacional en una comisión especial que van a conformar e invitarán a los partidos políticos con personalidad jurídica», aseguró el opositor miembro de la FDN.
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«¿Qué tiene ese proyecto? nadie sabe, pero los dos componentes esenciales de la calidad en una elección es el componente electoral que no lo conocemos y el componente ambiental que son las condiciones habilitantes que garantice un proceso transparente y este último ya sabemos que actualmente son completamente negativas… Si no se corrigen las condiciones ambientales o habilitantes no servirán esas reformas que el régimen le está llamando técnicas. A eso sumémosle que el CSE es totalmente ilegitimo, porque es una estructura partidaria, es totalmente parcializado, no es un árbitro imparcial como debe ser», insistió Pallais.
En mayo se vence el plazo que estableció la Organización de Estados Americanos (OEA) al régimen Ortega-Murillo para impulsar las reformas electorales para crear las condiciones para unos comicios con estándares internacionales de transparencia y credibilidad.
