El Departamento de Estado de Estados Unidos presentó este martes, 30 de marzo, el Informe anual sobre prácticas de derechos humanos 2020, en el que detallan los crímenes atroces y constantes violaciones a los derechos cometidos por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo en contra de la oposición nicaragüense, Organismos No gubernamentales (ONG) y periodistas, agravado por las recientes leyes represivas del régimen.
El Informe Anual presentado por el secretario de Estado, Antony J. Blinken documenta el estado de los derechos humanos y los derechos de los trabajadores en casi 200 países y territorios. En el capítulo de Nicaragua se mide el respeto a la integridad de la persona; el respeto por las libertades civiles; libertad para participar en el proceso político corrupción y falta de transparencia en el gobierno; actitud gubernamental con respecto a la investigación internacional y no gubernamental de presuntos abusos de los derechos humanos; discriminación, abusos sociales y trata de personas y derecho de los trabajadores.
«En Nicaragua, el régimen corrupto de Ortega aprobó leyes cada vez más represivas que limitan severamente la capacidad de operación de los grupos políticos de oposición, la sociedad civil y los medios independientes», declaró el jefe de la diplomacia estadounidense.
Declara que Ortega, quien asumió un tercer mandato en enero de 2017, luego de un proceso electoral «profundamente defectuoso», restringe las libertades civiles, fomenta la corrupción y la impunidad de sus operadores que cometieron crímenes durante las protestas sociales de 2018, así mismo promueve leyes restrictivas como la Ley de Agentes de Agentes Extranjeros y la llamada Ley de defensa de los derechos del pueblo.
Estados Unidos detalla que en octubre de 2020, la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Agentes Extranjeros «con implicaciones de gran alcance para las entidades y empleados de entidades que reciben financiamiento del exterior del país». Además, en diciembre, la Asamblea Nacional aprobó una ley «que prohibiría postularse para un cargo a cualquier persona a quien el gobierno designe como “traidor”, definiendo el término de manera tan amplia que podría aplicarse a cualquiera que exprese su oposición al partido gobernante», lo que provocó que la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea y grupos internacionales de derechos humanos pidieran de inmediato que se derogara, alegando que su propósito era limitar la participación en las elecciones presidenciales de 2021 y privar a los votantes de su derecho a elegir libremente a su líder, pero la norma de Ortega entró en vigencia.
«Nicaragua tiene un sistema político altamente centralizado y autoritario dominado por el presidente Daniel Ortega Saavedra y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo Zambrana. El partido Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) de Ortega ejerce un control total sobre las funciones ejecutiva, legislativa, judicial y electoral», reitera el informe de la administración de Joe Biden.
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Recuerda que «los parapolicías, que son grupos no uniformados, enmascarados y armados con entrenamiento y organización táctica, actúan en coordinación con las fuerzas de seguridad del gobierno, bajo el control directo del gobierno, e informan directamente a la Policía Nacional. Las autoridades civiles mantuvieron un control sobre las fuerzas de seguridad policiales y parapoliciales. Los miembros de las fuerzas de seguridad cometieron numerosos abusos».
«Entre los temas importantes de derechos humanos se incluyen: ejecuciones ilegales o arbitrarias, incluidas ejecuciones extrajudiciales, cometidas por el gobierno o sus agentes; desapariciones forzadas por fuerzas parapoliciales; tortura y casos de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes por parte de guardias penitenciarios y parapoliciales; condiciones carcelarias duras y potencialmente mortales; detenciones arbitrarias por policías y parapolicías; presos y detenidos políticos; represalias por motivos políticos contra personas ubicadas fuera del país; una grave falta de independencia del Poder Judicial; e injerencias arbitrarias e ilegales a la privacidad».
Además, «hubo serias restricciones a la libertad de expresión y prensa, incluidas amenazas de violencia, censura y difamación criminal; e interferencia sustancial a los derechos de reunión pacífica y libertad de asociación, así como severas restricciones a la libertad religiosa, incluidos ataques contra la Iglesia Católica y los funcionarios de la iglesia».
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Resalta que el régimen continuó sus atropellos al despojar de su personalidad política a nueve organizaciones no gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil, y retener ilegalmente sus activos.
«Hubo corrupción generalizada; falta de investigación y rendición de cuentas por la violencia contra la mujer; trata de personas; discriminación y violencia contra minorías étnicas y comunidades indígenas; amenazas y ataques contra personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales; y trabajo infantil, incluida la explotación sexual comercial».
Los parapolicías y las personas vinculadas al régimen de Ortega llevaron a cabo una campaña de hostigamiento, intimidación y violencia hacia opositores percibidos como «enemigos» por el régimen como exreos políticos, campesinos activistas, grupos de oposición prodemocracia, defensores de los derechos humanos y el clero católico. «Grupos de derechos humanos alegaron que entre octubre de 2018 y agosto (2019), parapolicías asesinaron al menos a 30 campesinos considerados opositores al partido gobernante», resaltan.
El régimen no tomó medidas para identificar, investigar, enjuiciar o sancionar a los funcionarios que cometieron abusos contra los derechos humanos, incluidos los responsables de al menos 325 asesinatos y cientos de desapariciones durante el levantamiento prodemocracia de abril de 2018. «El presidente Ortega fortaleció activamente la impunidad de los violadores de derechos humanos que le eran leales».
En relación a la «Corrupción y falta de transparencia en el gobierno», el Departamento de Estado denunció «una corrupción generalizada, incluso en la fuerza policial, el CSE (Consejo Supremo Electoral), la Corte Suprema (CSJ), las autoridades aduaneras y tributarias y otros órganos gubernamentales. Según los informes, el gobierno municipal de Managua (Alcaldía) participó en prácticas corruptas relacionadas con proyectos de infraestructura. El gobierno no aplicó sanciones penales por corrupción, lo que permitió a los funcionarios participar en prácticas corruptas con impunidad».
«La Corte Suprema y los tribunales de nivel inferior siguieron siendo particularmente susceptibles a los sobornos, la manipulación y la influencia política, especialmente por parte del FSLN (Frente Sandinista de Liberación Nacional). La Contraloría tampoco lleva a cabo una verificación completa de los estados financieros completos del gobierno. Por ejemplo, la Contraloría sostuvo que Albanisa no estaba sujeta a auditoría porque la Asamblea Nacional no aprobó el acuerdo. Funcionarios del Poder Ejecutivo continuaron participando en negocios financiados con fondos de asistencia económica y de desarrollo prestados por la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), liderada por Venezuela, todo ello fuera del proceso presupuestario normal controlado por la legislatura».
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En cuanto a la «actitud gubernamental con respecto a la investigación internacional y no gubernamental de presuntos abusos de los derechos humanos» señala que en el 2019, Ortega decidió poner como ombudsman de derechos humanos a Darling Ríos, una socióloga sin experiencia previa en derechos humanos, conocida por destacarse como líder de la Juventud Sandinista del FSLN.
Asimismo, la Asamblea Nacional también eligió un nuevo subprocurador de derechos humanos, Adolfo Jarquín, hijo del anterior subprocurador, también sin experiencia previa en derechos humanos. La Procuraduría de Derechos Humanos fue percibida como politizada e ineficaz.
Incluso, en 2019, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU degradó a la Oficina del Defensor de los Derechos Humanos de la categoría A a la B por su falta de independencia. «El gobierno afirmó operar una Comisión de la Verdad supuestamente para investigar la violencia del levantamiento prodemocrático de 2018 (pero) la comisión no informó ningún hallazgo significativo y los observadores independientes la consideraron incompetente».
Y de remate, en referencia a los «derechos de los trabajadores», durante la pandemia de COVID-19, los funcionarios del régimen ordenaron al personal médico que no usara equipo de protección personal. «En respuesta a esto y a la falta de respuesta del gobierno a la pandemia, 25 médicos firmaron una carta en julio solicitando que se les entregue equipo de protección y que no sean procesados por usarlo. Los médicos fueron despedidos en represalia. En noviembre, el Observatorio Ciudadano informó que aproximadamente 100 trabajadores de la salud habían muerto a causa del virus».
Que puedo comentar, de nada sirve Ortega, Murillo son los que tienen el poder, pero la verdadera culpa es el individuo que les dió nuevamente el poder, doña Violeta fué criticada también El señor Bolaños pero nadie se pronunció cuando Alemán les entrego el poder a los mal llamados sandinistas, ya que son una burla de los verdaderos héroes caídos por la liberación de Nicaragua, sin saber que venía una dictadura peor que la que salía