El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) condenó «enérgicamente» la apropiación de las instalaciones de la organización Popol Na, de la exguerrillera sandinista y fundadora Mónica Baltodano, cuyo despojo se hizo efectivo al convertirlo en un centro del Ministerio de Salud (Minsa).
En la propiedad de la organización, el régimen inauguró el viernes, 19 de marzo, el Centro Familiar y Comunitario «Elena del Carmen Lau», ubicado en Plaza España, Distrito Dos de Managua. Según medios gubernamentales, la inversión fue de un millón y medio de córdobas, sin embargo, la administración de Daniel Ortega nuevamente rellenó el lugar con mobiliario de otras propiedades confiscadas en 2018, en el contexto de las protestas sociales, según denuncia del medio de comunicación independiente 100% Noticias. «Se puede apreciar hasta una de las mesas de 100% Noticias que fue reutilizada», reclamó el medio.
«El régimen Ortega-Murillo con la “inauguración” de casas maternas, centros de salud, familiares y comunitarios en instalaciones de organizaciones de la Sociedad Civil ROBADAS quiere demostrar que está construyendo, pero solo está destruyendo propiedades que no le pertenecen», señaló el Cenidh este domingo, 21 de marzo.
El Cenidh, reconocida organización que también fue confiscada, compartió un comunicado en el que manifiesta que «el régimen Ortega Murillo no saciado con cancelarles la personería jurídica y usurpar sus bienes en 2018, resolvió despojarlos por completo de sus instalaciones/oficinas». «Está simulando la creación de instancias con propósitos que no va a cumplir, solo quiere mofarse de los que considera sus adversarios y enemigos, demostrarles que ha ganado, quiere proyectar la imagen de que está construyendo, pero solo está robando y destruyendo propiedades que no le pertenecen».
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La organización calificó los despojos como una «acciones perversas» en contra de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), que violentan el derecho de asociación y propiedad, «pero no crea (Daniel) Ortega y (Rosario) Murillo que saldrán impunes», advierte el Cenidh, declarando que al ubicar la foto de la pareja presidencial y sus colores, rosado chicha y azul, en las fachadas de las instalaciones brindan pruebas de ser los autores del robo. «Y pronto tendrán que rendir cuentas ante la justicia y el pueblo de Nicaragua».
Popol Na, por su parte, comunicó que «su robo no nos desmoraliza». Manifestó que les asaltaron y ocuparon la «Casa de la Comunidad», local donde el colectivo trabajó durante 30 años, y donde alojaron a madres de presos políticos, campesinos, luchadores sociales que defienden los derechos del pueblo y la naturaleza, pero «que sepa la dictadura que no pueden arrancarnos, con sus garras anilladas, nuestras convicciones de luchar junto al pueblo de Nicaragua hasta desterrar de nuestro país el autorismo, la impunidad y la corrupción».
En diciembre de 2018, el régimen de Daniel Ortega ordenó a sus diputados cancelarle la personalidad jurídica a nueve organizaciones no gubernamentales a las que acusó de haber apoyado la rebelión social de ese año que reclamó democracia en el país. El primer blanco fue la organización CISAS; después el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP), dirigido por el politólogo Félix Maradiaga; y la asociación Hagamos Democracia y el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh). El régimen siguió con el Centro de Investigaciones de la Comunicación (Cinco), el Instituto de Liderazgo de las Segovias (ILLS); el Instituto para el Desarrollo de la Democracia (Ipade), la Fundación del Río y la Fundación Popol Na.
