La aspirante a la Presidencia de Nicaragua, Cristiana Chamorro Barrios, hizo un llamado a la Coalición Nacional y a la Alianza Ciudadana a acercarse para lograr la unidad de la oposición, y participar en una sola casilla que gane las elecciones generales en noviembre de 2021.
La diáspora nicaragüense pidió a los senadores estadounidenses sancionar al dictador de Nicaragua, sus hijos, militares, policías y unos cien colaboradores del régimen, una vez que se apruebe la Ley Renacer.
La precandidata presidencial reconoció como «un gran paso el que la Alianza Cívica, que es parte de la Alianza Ciudadana, haya llamado a inscribir a candidatos a la Presidencia de la República, tal como lo hizo, en su oportunidad, la Coalición Nacional, pero, señaló que mientras en la Coalición realizó un proceso de competencia interna, la Alianza Ciudadana «abre la inscripción a todos los nicaragüenses que se sientan competentes para servir desde la Presidencia».
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Chamorro Barrios indicó que, sin haber hablado todavía con el partido Ciudadanos por la Libertad (CxL), con esa apertura CxL se convierte en una casilla clave, no solo para candidaturas independientes, sino incluso para los miembros de la Coalición Nacional».
Los diputados sandinistas y sus aliados en la Asamblea Nacional aprobaron en lo general con 75 votos a favor, ninguno en contra y cero abstenciones, la creación de la Autoridad Nacional de Regulación Sanitaria (ANRS), una nueva dependencia que estará adscrita al Ministerio de Salud (Minsa), pero que tendrá plena autonomía ejecutiva y cuya principal función será la regulación y control de todos los servicios de salud comercializables, incluyendo donaciones, brigadas médicas extranjeras, farmacias y hasta el ejercicio profesional en materia de salud.
La propuesta fu impulsada por el sancionado presidente de la Asamblea Nacional Gustavo Porras, el jefe de la bancada sandinista Edwin Castro y las integrantes de la directiva parlamentaria Maritza Espinales, Gladis Báez y Loria Raquel Dixon, todos vistos como los más leales diputados de Daniel Ortega.
La Comisión Interamericana de Derechos Humano (CIDH) abordó el impacto de la colonización de las tierras indígena en la Costa Caribe nicaragüense, en una audiencia pública que se llevó a cabo este jueves, 18 de marzo en la que participaron seis organizaciones de la sociedad civil y la representación Estado nicaragüense.
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La sorpresa en la sesión de la CIDH en esta ocasión fue la participación de la procuradora Wendy Morales en representación del régimen de Daniel Ortega quien defendió que el Estado ha reconocido a los pueblos originarios y afrodescendientes, a través de decretos y adoptando instrumentos internacionales vinculados a los derechos de los pueblos originarios. Morales aseguró que el Estado garantiza los derechos humanos para todos.
Sin embargo, la defensora de los pueblos originarios Mirna Cunningham se mostró sorprendida ante lo dicho por la delegada gubernamental y recalcó que hasta la fecha no conocen investigaciones sobre los abusos y violaciones a los derechos humanos que han denunciado desde el 2015
Cunningham le encaró a la enviada del régimen que entre 2011 y 2021, se contabilizan 49 indígenas que han perdido la vida en hechos violentos, 53 lesionados, 46 secuestrados, cuatro desaparecidos y de más de mil pobladores desplazados de sus comunidades producto de la violencia, además, denunció que todos esos delitos siguen en impunidad.
A un año de que el gobierno de Nicaragua informó del primer caso de COVID-19 en el país, la Unidad Médica Nicaragüense califico de defiende el tratamiento que las autoridades le han dado a la pandemia y denunció, a través de un comunicado, la negligencia del régimen ante la crisis sanitaria que ha dejado hasta la fecha, según el Observatorio Ciudadano, 13,237 casos de los cuales 3,002 han terminado en deceso.
Los especialistas agrupados en la Unidad Médica señalan que la dictadura orteguista ha fallado en adoptar la mayoría de recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para prevenir contagios y fallecimientos y más bien se ha dedicado, en los últimos 12 meses, a promover normalidad a través de actividades masivas.
