La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) abordó «el impacto de la colonización de las tierras indígenas en la Costa Caribe nicaragüense», en una audiencia pública que se llevó a cabo este jueves, 18 de marzo, con la participación de seis organizaciones de la sociedad civil y el Estado nicaragüense.
En esta ocasión, el régimen de Daniel Ortega se decidió por enviar a su representante Wendy Morales Urbina, quien aseguró que el Estado ha reconocido a los pueblos originarios y afrodescendientes, a través de decretos y adoptando instrumentos internacionales vinculados a los derechos de los pueblos originarios, los cuales fue detallando.
«No tengo ninguna visión que puedan haber derechos humanos parciales, realmente los derechos humanos corresponden para todos los nicaragüenses por igual, independientemente de que ellos se denominen de las distintas formas, llámese terceros, de los territorios originarios, indígenas, colonos, como quieran llamarle. Todos somos nicaragüenses», manifestó Morales Urbina.
«Quiero hacer énfasis en este punto porque, a veces, se tiende a creer que los derechos humanos son para nada más una parte de la población, y es importante en ello de que el Estado garantiza esos derechos humanos para todos», agregó la representante del régimen, durante su respuesta ante las denuncias de la sociedad civil.
Sostuvo que el régimen «está logrando objetivos de desarrollo sostenible dentro del modelo cristiano y solidario para transformar a Nicaragua en una sociedad justa e inclusiva para todos los sectores sociales, por el bien común. Dicho modelo se basa en la inclusión, distribución, participación, protagonismo, empoderamiento y voluntarismo».
La defensora de los pueblo indígenas Lottie Cunningham, del Centro por la Justicia y los Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (CEJUDHCAN), denunció que los colones invaden los territorios y en ocasiones, armados, y sobreexplotan los bienes naturales. Afirmó que a lo largo de 2020 se contabilizaron 13 asesinatos, ocho personas heridas en ataques armados, dos secuestros y el desplazamiento forzado de una comunidad, la mayoría integrante del pueblo indígena mayangna.
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«Sorpresivamente hemos escuchado al Gobierno. Hasta la fecha nosotros no tenemos mayor actualización sobre el estado de investigación de todo lo que hemos venido hablando. Asesinatos, han quedado en impunidad, han sido rechazados, todos estos casos de conflicto sobre tierra desde 2015», denunció Cunningham.
Entre 2011 y 2021, se contabilizan 49 indígenas muertos, 53 lesionados, 46 secuestrados y cuatro indígenas desaparecidos. «Estimamos que la violencia ha desplazado forzosamente aproximadamente a mil personas mískitus en doce comunidades beneficiarias de medidas de protección del sistema interamericano; la impunidad en estos casos violentos es prácticamente, absoluta», señaló la defensora.
El líder comunitario Juan Carlos Ocampo añadió que, incluso, han identificado el intercambio, bajo amenazas, de tierras por dinero y animales entre indígenas y colonos en contraposición a la propiedad colectiva.
Por su parte, Clara Ferrerans Galeano de la sociedad civil, dijo que los defensores de los pueblos indígenas son víctimas de agresiones, hostigamiento en línea y barreras burocráticas y administrativas para su libre asociación. «Nos precupa que la reciente Ley de Ciberdelitos defina tipos penales tan ambiguos para estas prácticas, generando una nueva herramienta para criminalizar a personas defensoras de derechos humanos. Con la Ley de Agentes Extranjeros se han formalizado las barreras administrativas y burocráticas que el Gobierno ha impuesto hace meses para impedir el buen funcionamiento de las organizaciones de la sociedad civil. CEJUDHCAN corre el riesgo de perder su personalidad jurídica».
«Solicitamos a la CIDH que exhorte al Estado de Nicaragua que cese de inmediato todo tipo de amenazas, ataques contra comunidades y personas defensoras de los derechos de indígenas y afrodescendientes y además, se abstenga de cualquier acto de represalias contra las persona defensoras que se encuentra en esta audiencia; y lleve a cabo investigación exhaustiva e inmediata sobre los hechos denunciados, sancione a los responsables y repare a las víctimas», insistió Ana Bolaños, del Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (R&E).
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Antonia Urrejola, presidenta de la CIDH, solicitó mayor información al Estado de Nicaragua sobre cuántas concesiones mineras han sido otorgadas y cuántas están en trámite en ese territorio, así como los procedimientos de consulta o si existe una norma administrativa o ley en la materia porque «no quedó claro tampoco», por tanto, el organismo esperará el documento que el Gobierno prepare sobre su actuar ante la invasión. A su vez, exhortó a las partes a sostener acercamientos que logren respuestas efectivas contra las violaciones a las comunidades indigenas.
