La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) abordará el impacto de la colonización de las tierras indígenas en la Costa Caribe nicaragüense, en una audiencia pública que se llevará a cabo el próximo 18 de marzo con la participación de seis organizaciones de la sociedad civil, informó el organismo este viernes, 12 de marzo.
La CIDH denunció que, solo en el 2020, al menos 13 personas defensoras de los derechos de los pueblos indígenas fueron asesinadas en el país, ocho personas resultaron heridas, dos fueron secuestradas y una comunidad fue desplazada forzosamente en los territorios indígenas de la Reserva de la Biósfera de Bosawás, como parte de la violenta colonización de la región.
Detalla que el reciente cuatro de marzo, colonos llevaron a cabo un ataque contra el pueblo mayangna en la zona de Kimak Was, dejando a una persona herida con cinco impactos de bala y secuestrando temporalmente a otro indígena. Organismos de derechos humanos también han exigido que se esclarezca el asesinato de Nacilio Macario, líder mayangna que combatía las explotaciones mineras y forestales ilegales, muerto en noviembre de 2020.
Relatorías de las Naciones Unidas y la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, han hecho énfasis en las recurrentes invasiones y ataques violentos de colonos contra los pueblos indígenas y afrodescendientes, así como «la incapacidad del gobierno» de Daniel Ortega para investigar adecuadamente los ataques y denuncias de complicidad entre las autoridades locales y los colonos.
«En la audiencia se presentará la información más reciente respecto a la violencia causada por la colonización y perpetrada en contra de los pueblos indígenas y las personas defensoras de la tierra, así como los detalles sobre la colusión y la complicidad del gobierno nicaragüense y los actores del sector privado implicados en actividades como la minería de oro, la ganadería y la explotación forestal».
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«El Estado también ha fallado sistemáticamente en implementar las medidas cautelares y provisionales otorgadas por la CIDH y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) a una comunidad indígena mayangna y a 12 comunidades mískitas», detalla el documento.
Ejemplo de las consecuencias de la incapacidad del régimen es el reciente anuncio del Fondo de Colaboración para el Carbono Forestal del Banco Mundial (FCPF por sus siglas en inglés) que decidió no otorgar 55 millones de dólares a Nicaragua que sería destinado a la reducción de la deforestación, al confirmar el abandono del régimen en materia ambiental y social, según ambientalistas.
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A la audiencia de la CIDH se presentarán representantes de la comunidad indígena que ofrecerán su testimonio sobre el impacto en los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, así como el acceso a alimentos, agua potable y medicina tradicional en las comunidades. También aprovecharán para exponer la situación de sus habitantes, tras el paso de los huracanes ETA e IOTA, que azotaron la Costa Caribe a finales de 2020.
