Por: Martha Patricia Molina
El 2 de marzo de 2021 la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley, publicó el Informe de la Estrategia Internacional de Fiscalización de Estupefacientes para el año 2021.
El Informe de la Estrategia Internacional de Control de Estupefacientes de 2021 (INCSR) es un informe anual del Departamento de Estado al Congreso preparado de conformidad con la Ley de Asistencia Extranjera. Describe los esfuerzos de países clave para atacar los aspectos del comercio internacional de drogas en el año calendario 2020. Se publicaron y presentaron dos volúmenes. El volumen I cubre las actividades de control de drogas y productos químicos. El Volumen II cubre el lavado de dinero y los delitos financieros.
En el Volumen I refleja que:
Nicaragua es una ruta de tránsito para las organizaciones de narcotráfico que contrabandean cocaína desde Sudamérica a través de México hacia los Estados Unidos a través de rutas marítimas y aéreas. El gobierno de Nicaragua afirma públicamente los éxitos contra estas organizaciones, sus esfuerzos siguen siendo insuficientes, sin activos aéreos dedicados, capacidad técnica, capacitación o rendición de cuentas en 2020.
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La ineficiencia y la corrupción de Nicaragua siguen siendo los principales desafíos para la capacidad del gobierno de Ortega para combatir el tráfico ilegal de drogas.
Los expertos en seguridad señalaron que el gobierno asignó considerables recursos de seguridad para reprimir a los grupos de oposición, mientras que las encuestas independientes mostraron que la preocupación de los ciudadanos por el aumento de la inseguridad está en el punto más alto en diez años.4.
La cooperación de Nicaragua con las fuerzas del orden de los Estados Unidos es limitada. No existen estadísticas nacionales confiables sobre el consumo de drogas en Nicaragua, lo que dificulta medir el impacto de los programas de prevención y tratamiento.
La corrupción gubernamental generalizada, la politización y los actos de represión policial obstaculizan la efectividad de las leyes penales que abordan el narcotráfico, el lavado de dinero, el soborno, el abuso de autoridad, el tráfico de influencias y la malversación.
La crisis política no resuelta continúa absorbiendo valiosos recursos de seguridad, lo que dificulta la capacidad del régimen de Ortega para implementar políticas y programas efectivos para combatir el narcotráfico en Nicaragua, en lugar de prepararse para elecciones democráticas que permitan mejorar la cooperación internacional, el régimen de Ortega aprobó una legislación para reprimir las opiniones disidentes.
El Volumen II (Lavado de Dinero y los Delitos Financieros) indica que:
Nicaragua sigue siendo vulnerable al lavado de dinero debido a la corrupción, la falta de transparencia, el tráfico de drogas y un gran sector informal. La crisis sociopolítica en curso ha desviado la atención de las fuerzas de seguridad de combatir eficazmente las actividades ilícitas hacia acciones represivas contra los grupos de oposición, socavando el desempeño de las fuerzas del orden en materia de ALD / CFT (Anti Lavado de Dinero y Contra el Financiamiento al Terrorismo).
Los organismos reguladores también utilizan sus poderes oficiales para monitorear las actividades de los grupos de oposición a favor de la democracia y para ocultar transferencias gubernamentales ilícitas.
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La politización de las instituciones ALD / CFT es una preocupación importante. En mayo de 2020, la OFAC designó a Iván Acosta, ministro de Hacienda y Crédito Público, por apoyar las violaciones de derechos humanos y la corrupción del régimen. Acosta es el jefe de la Comisión Nacional de ALA / CFT, y su designación es indicativa de la ineficacia de la Comisión para investigar a funcionarios públicos vinculados al crimen organizado.
Aunque las incautaciones de dinero continúan creciendo, la unidad del gobierno que administra los fondos incautados está controlada por leales a Ortega. La falta de transparencia genera preocupaciones sobre el destino final de los fondos incautados, que pueden dirigirse a apoyar actividades represivas contra la oposición política, con la facilitación del gobierno de Ortega.
Según el MINREX, el gobierno incautó $ 16 millones en efectivo hasta el 13 de octubre de 2020, el monto más alto en ocho años.
La falta de imparcialidad gubernamental con respecto al ALD / CFT y las regulaciones es una debilidad persistente. En junio de 2020, una ONG que trabajaba en la prevención del COVID-19 fue despojada de su personalidad jurídica y acusada de financiación del terrorismo. Mientras tanto, no ha habido investigaciones de personas y empresas sancionadas por la OFAC por corrupción y lavado de dinero.
El mayor impedimento para la implementación y cumplimiento de las medidas ALD / CFT de Nicaragua es la politización de sus instituciones públicas. El gobierno fracasa constantemente en hacer cumplir las leyes contra los funcionarios públicos corruptos, mientras que sus representantes invierten tiempo y recursos considerables para monitorear y fabricar pruebas contra los grupos de oposición prodemocráticos. Este enfoque afecta los esfuerzos ALD / CFT, colocando a Nicaragua en mayor riesgo de actividades del crimen organizado.
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