El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió un informe al Congreso norteamericano en el que señala que Nicaragua sigue muy vulnerable ante el lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas y ante el narcotráfico internacional debido a que el régimen de Daniel Ortega ha centrado su atención en reprimir a la oposición.
El Informe denominado «Estrategia Internacional de Control de Estupefacientes de 2021 (INCSR)» es un informe anual que el Departamento de Estado envía al Congreso; es preparado de conformidad con la Ley de Asistencia Extranjera. y describe los esfuerzos de países claves para atacar los aspectos del comercio internacional de drogas en el año calendario 2020. Dicho informe consta de dos volúmenes. El volumen I cubre las actividades de control de drogas y productos químicos, mientras el volumen II cubre el lavado de dinero y los delitos financieros. Nicaragua está mal en los dos aspectos.
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«Nicaragua no es un centro financiero regional, pero sigue siendo vulnerable al lavado de dinero debido a la corrupción, la falta de transparencia, el tráfico de drogas y un gran sector (laboral) informal. La crisis sociopolítica en curso ha desviado la atención de las fuerzas de seguridad de combatir eficazmente las actividades ilícitas hacia acciones represivas contra los grupos de oposición, socavando el desempeño de las fuerzas del orden en materia de lucha contra el narcotrafico y el lavado de dinero ( ALD / CFT)», dice el informe.
Asimismo señala que los organismos del Estado también utilizan sus poderes oficiales para monitorear las actividades de los grupos de oposición a favor de la democracia y para ocultar transferencias gubernamentales ilícitas. «La politización de las instituciones ALD/CFT es una preocupación importante. En mayo de 2020, la Oficina de Regulación de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC) designó (sancionó) a Iván Acosta, ministro de Hacienda y Crédito Público, por apoyar las violaciones de derechos humanos y la corrupción del régimen».
Paradójicamente, Daniel Ortega designó al sancionado ministro, como coordinador de la Comisión Nacional Antilavado, cuando el propio Acosta, debido a la sanción internacional, no es confiable para el sistema financiero internacional.
«Acosta es el jefe del Comité Nacional de ALD/CFT, y su designación es indicativa de la ineficacia del comité ALD/CFT que (debería) investigar a funcionarios públicos vinculados al crimen organizado. También en 2020, la OFAC designó a la Cooperativa Nacional de Ahorro y Crédito Caja Rural (Caruna), que, según se informa, controla un estimado de $ 2.5 mil millones en nombre de otra entidad sancionada, y a funcionarios gubernamentales clave para las sanciones», señala el amplio informe que incluye análisis de 79 países del mundo.
La experta en temas de anticorrupción Martha Patricia Molina considera que el informe refleja que Nicaragua no ha dejado de ser vulnerable al lavado de dinero debido a la corrupción, la falta de transparencia, el tráfico de drogas. «También se ha evidenciado que la crisis sociopolítica ha desviado el combate eficaz de las actividades ilícitas dando más prioridad a acciones represivas contra los grupos de oposición. En un país incapaz de proyectar estadísticas nacionales confiables sobre el consumo de drogas y considero que esto se debe a que el sistema judicial se dedica solo a fabricar delitos en contra de los opositores y descuida los tipos delictivos tales como el lavado de dinero y narcotráfico», manifestó la abogada que es parte del Observatorio Anticorrupción..
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El Departamento de Estado le indica al Congreso en su informe la preocupación que representa el hecho que las sanciones presentan un mayor riesgo de que los fondos ilícitos se filtren al sistema financiero, «ya que la primera familia (Ortega-Murillo) busca trasladar su riqueza a activos que pueden atravesar fronteras. El 4 de octubre de 2018, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) emitió un aviso advirtiendo a las instituciones financieras de los EE.UU. del creciente riesgo de que el producto de la corrupción política nicaragüense pueda ingresar o pasar por el sistema financiero de los EE. UU».
Asimismo el informe destaca la preocupación que representa el uso de las leyes contra el narcotráfico y el lavado de dinero por parte del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), como herramientas de hostigamiento contra grupos políticos de oposición.
Para Molina, Nicaragua está descuidando los compromisos internacionales en materia de combate al narcotráfico y lavado de dinero porque destina su atención a reprimir las actividades de los opositores.
Oro y carne para lavar dinero ilicito
«A pesar de la desaceleración de las actividades económicas debido al COVID-19, Nicaragua sigue siendo un país de tránsito de estupefacientes y vulnerable al blanqueo de capitales basado en el comercio (TBML), en industrias prósperas, como el oro y la carne, constituye una vulnerabilidad, especialmente para operaciones a pequeña escala que dependen en gran medida de transacciones en efectivo»advierten los expertos..
Y otro aspecto destacado es, según el informe, que en Nicaragua la corrupción pública persiste como una tipología común de lavado de activos en sectores como la construcción y la adquisición de bienes y servicios.
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La falta de transparencia en el manejo del dinero incautado al crimen organizado, es también señalado en el documento que especifica que «genera preocupaciones, sobre el destino final, de los fondos incautados, que pueden dirigirse a apoyar actividades represivas contra la oposición política, con la facilitación del gobierno de Ortega».
La expeta anticorrupción considera que «Nicaragua sigue apareciendo a nivel internacional como un país inseguro, impune, corrupto, un país que no respeta las normas jurídicas internas ni las internacionales y en este sentido la tendencia es que la inseguridad jurídica se reflejará en la disminución de la inversión extranjera directa (IED) y que las economías de los países más desarrollados dejen de apoyar las obras y proyectos de un gobierno que solo se dedica a reprimir, todo ello impactará negativamente en la economía de los hogares incrementando la pobreza, el hambre, el desempleo, la delincuencia e inseguridad».
«El gobierno (de Daniel Ortega) fracasa constantemente en hacer cumplir las leyes contra los funcionarios públicos corruptos, mientras que sus representantes invierten tiempo y recursos considerables para monitorear y fabricar pruebas contra los grupos de oposición prodemocráticos. Este enfoque afecta los esfuerzos ALD/CFT, colocando a Nicaragua en mayor riesgo de actividades del crimen organizado», finaliza el acápite referido e Nicaragua.
En tanto Martha Molina finalizó razonando que el el Gobierno no muestra en ningún momento su interés en comprometerse en la lucha contra el narcotráfico y lavado de dinero «comenzando que don Iván Acosta, ministro sancionado por la OFAC continúa siendo coordinador de la Comisión Nacional de Lavado de Dinero, en lenguaje coloquial están poniendo al ratón a cuidar el queso».