Martina Pérez Vargas, de 41 años, es la mujer cuyo cuerpo sin vida fue encontrado este lunes, 22 de febrero, en una finca de la comunidad La Estación, en el municipio San Sebastián de Yalí, departamento de Jinotega.
La Policía Nacional asegura que el hallazgo fue informado por un ciudadano de iniciales M.C.A. mediante la línea de emergencia 118, por lo que enviaron al lugar a un equipo técnico policial, conformado por investigadoras de la Comisaría de la Mujer y oficiales de Auxilio Judicial.
Los entrevistados aseguraron que el domingo, 21 de febrero, aproximadamente a las 5:00 de la tarde, el sujeto Daris Iván Carazo Merlo, de 24 años, interceptó y agredió con arma corto punzante (machete) a la víctima, provocando su muerte y, dándose a la fuga. «Cuerpo examinado por médico forense de Jinotega, determinó causa de muerte: Shock hipovolémico», es decir, falleció desangrada, indica el reporte.
El presunto femicida Daris Iván Carazo Merlo registra antecedentes delictivos por amenazas, lesiones y tráfico de droga; y ya fue capturado, señalado de cometer homicidio. Medios locales detallan que la víctima fue encontrada en una finca cafetalera, semidesnuda y con signos de violencia (golpes y heridas) en varias partes del cuerpo.
Este sería el tercer femicidio registrado en lo que va del mes, según información pública, para un total de siete mujeres víctimas de violencia de género en lo que va del año. La organización Católicas por el Derecho a Decidir (CDD) advirtió que el 2020 cerró el año con 71 feminicidio, ocho casos más en relación al 2019, cuando se registró 63 asesinatos contra mujeres.
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Ante la magnitud y gravedad de los femicidios en el país, la CDD demandó al gobierno de Daniel Ortega el fortalecimiento del marco jurídico para la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres. Y condenó las acciones del régimen que «en vez de hacer justicia ha liberado a miles de delincuentes».
El régimen de Ortega, sin embargo, recientemente reformó la Constitución y el Código Penal del país, para incrementar a cadena perpetua la condena para quienes cometan «crímenes de odio», y aunque el pretexto fueron algunos crímenes que causaron commoción en comunidades rurales, contra mujeres y niñas, en los discursos oficiales, tanto los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo, como los voceros de la dictadura, han calificado como «crímenes de odio» los supuestos delitos de opositores que critican a la administración sandinista.
