Suyen Barahona, Ana Margarita Vijil, Tamara Dávila, Aura Aragón y Julio Ricardo Hernández, miembros del grupo político Unamos, interpusieron este martes, 16 de febrero, ante la Corte Suprema de Justicia, un recurso por inconstitucionalidad contra la Ley 1042, Ley Especial de Ciberdelitos, conocida como «ley Mordaza», la que ya fue publicada el 30 de octubre de 2020, en La Gaceta, diario oficial, tras su aprobación por la aplanadora de diputados sandinistas en la Asamblea Nacional.
Ana Margarita Vijil, representante de la junta directiva nacional de este sector opositor (antes MRS), expresó que esta acción es para sentar un precedente que como oposición están en desacuerdo de una ley inconstitucional. «Este es un mensaje claro, que Daniel Ortega y Rosario Murillo no nos callarán, así como no callarán a todo el pueblo de Nicaragua. Es obvio que no nos van a responder, pero el en el nuevo gobierno todos estos recursos serán revisados y estas leyes se anularán».
«Este recurso por inconstitucionalidad es por el repudio ante esta y otras leyes que criminalizan la libertad de expresión, porque la dictadura trata de poner una bota sobre todos los opositores», enfatizó Vijil, quien también refirió que las acciones represivas de Daniel Ortega reflejan que «esta débil y no ha podido contra un pueblo organizado; porque sabe que la rebelión sigue y también sabe que se va».
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Otro de los argumentos por el que Unamos afirma que interpuso el recurso ante CSJ es porque esta violenta las garantías, derechos y disposiciones constitucionales, «incluyendo los de seguridad jurídica, garantías judiciales, derecho a ser juzgado por causa previamente establecida de forma expresa e inequívoca, privacidad y protección de datos personales, rendición de cuentas y transparencia de la información pública, así como el derecho de brindar y recibir información sin censura».
«Dictadura continúa su campaña de persecución»
A través de un comunicado, Unamos agrega que la dictadura Ortega-Murillo continúa su campaña de persecución, asedio, hostigamiento, amenazas y judicialización en contra de opositores y periodistas independientes, «solo por hacer uso de su derecho de libre expresión y de libertad de prensa».
El escrito recalca que «lo que pretende el régimen es silenciar al pueblo nicaragüense, tratando de imponer una mordaza para impedir que nos expresemos en resistencia frente al régimen autoritario y en demanda de nuestras libertades, de democracia y justicia. El objetivo de los Ortega Murillo es silenciarnos para que no denunciemos sus crímenes».
Unamos concluyó en que la dictadura orteguista es responsable de crímenes de lesa humanidad, de ejecuciones extrajudiciales y de encarcelamiento y procesamiento ilegal de centenares de nicaragüenses. «Pretenden impedir que denunciemos a este régimen dictatorial que está hundiendo a Nicaragua, que daña gravemente nuestra economía familiar y que nos impide desarrollarnos plenamente».
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Pese a la presencia policial y a las ofensas de un fanático de la dictadura, los opositores pudieron interponer el recurso por ante la Corte Suprema de Justicia, donde fueron recibidos por Rubén Montenegro, secretario de la institución.
Según Suyen Barahona, presidenta de Unamos, no obedecerán ninguna ley impuesta por la dictadura y que más bien seguirán interponiendo recursos por inconstitucionalidad. «No nos van a callar, no nos van a censurar. Vamos a seguir en la lucha por la libre movilización y por la libre expresión sin represión y sin encarcelamiento injustificado», afirmó.
