Es martes 29 de diciembre finalmente entró en vigencia plena la Ley Especial de Ciberdelitos, conocida como «Ley Mordaza» y con ella se cierra el denominado círculo de leyes represivas con las que la dictadura Ortega-Murillo pretende arrinconar y silenciar a la oposición y a la prensa independiente, según opinaron analistas consultados por Artículo 66.
El combo de leyes represivas lo componen, la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros llamada también «Ley Putin», aprobada el 15 de octubre y que ya está en vigencia y se constituye en una daga al cuello de las organizaciones de la sociedad civil que defienden los derechos humanos o que se le oponen al régimen de Ortega.
Noticia relacionada: Cenidh advierte que ley de prisión perpetua agudizará la represión
Además, la recién aprobada Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, Soberanía y Autodeterminación para la Paz, conocida como «Ley de Inhibiciones», aprobada por los diputados sandinistas el pasado 21 de diciembre y que arrebata el derecho de líderes opositores a participar en elecciones democráticas, y la tercera normativa es la Ley de Ciberdelitos o «Ley Mordaza», aprobada el 27 de octubre y con ella la dictadura trata de imponer el silencio a todo el que se le oponga.
El dirigente opositor Juan Sebastián Chamorro, de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), opinó que La Ley de Ciberdelito está diseñada para frenar las ventajas que tiene la oposición en las redes sociales y aseguró que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo van a tener una respuesta de parte de los «ciberactivistas» como parte del rechazo a la Ley que pretende aplicar una mordaza a la ciudadanía nicaragüense.
«Es una forma de represión tecnológica, porque no han perdido controlar las redes sociales ni frenar la lucha azul y blanco. Han hecho esta Ley como todas las leyes, argumentando seguridad pero en realidad lo que buscan es criminalizar las actividades opositoras, es una violación a la libre expresión. Veremos qué capacidad va a tener la dictadura de aplicar esta ley porque va haber respuesta de parte de la comunidad cibernética, de parte de los ciberactivistas para enfrentar esta nueva amenaza y seguir expresándonos y seguir denunciando los abusos de la dictadura», sentenció Chamorro.
Noticia relacionada: Listo dictamen de Ley Mordaza que podría ser aprobada el próximo martes
Por su parte, la organización gremial Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN), en un comunicado que dio a conocer a través de redes sociales, catalogó a la Ley de Ciberdelitos como un «fusil apuntando a la cabeza de los periodistas».
«Cualquier información que brinde el periodismo independiente, aunque haya sido comprobada y tenga múltiples fuentes informativas, podrá ser tipificada como quieran los jueces subordinados al orteguismo, de modo que puedan utilizar especialmente cuatro de los artículos de esta ley, expresamente diseñados para reprimir a las mujeres y hombres de prensa independientes» Advierte el PCIN.
Por su parte, Guillermo Medrano, del observatorio de derechos humanos y libertad de expresión de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, advirtió que con la entrada en vigencia de la Ley Mordaza, se confirma la intención del régimen Ortega-Murillo de transgredir derechos constitucionales.
Noticia relacionada: Diputados orteguistas aprobaron sin discutir ni analizar los artículos de la Ley de Agentes Extranjeros
«Recordemos que el texto de la oprobiosa ley de Ciberdelito violenta el derecho a la libre expresión, libertad de información y de prensa amparados en los artos. 30, 66, 67 y 68 de la Constitución. Niega el derecho que tienen los ciudadanos a buscar y difundir información y plena libertad. La Ley Mordaza cercena el derechos que tienen los periodistas de buscar información, investigar y difundir información», expuso Medrano.
Y agregó que «la Ley (de Ciberdelitos) intenta sepultar la libertad de información y de prensa. Pero prevalecerá el uso de la razón porque no se puede clausurar derechos constitucionales mediante adefesios jurídicos. Desde la FVBCH condenamos todo intento por intimidar y silenciar a la prensa independiente. Defendemos a los que nos dan voz».
El funcionario de la FVBCH explicó que la Ley de Ciberdelitos es inaplicable pues no existe institución alguna que tenga capacidad de implementación y además le falta rigor técnico. «Nadie podrá controlar a más de un millón de persona accediendo al internet. No hay un superministerio que pueda controlar la voz del pueblo».
