La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la instancia de la Organización de Estados Americanos (OEA) encargada de vigilar el tema de los derechos humanos en el continente, emplazó al Estado de Nicaragua, administrado por la pareja dictatorial Ortega-Murillo, para que en el término de tres meses informe a ese organismo regional sobre las acciones de represión, persecución y hostigamiento que han desarrollado en contra del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), según informó la organización defensora a través de un comunicado.
«La CIDH solicitó al Estado de Nicaragua que informe en un plazo de tres meses respecto de la petición presentada por miembros del Centro Nicaragüense por los Derechos Humanos (Cenidh) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) por el allanamiento ilegal de las oficinas de la organización nicaragüense y la cancelación arbitraria de su personería jurídica, así como por los actos de hostigamiento, criminalización y amenazas que han sufridos los y las defensoras», indica el comunicado dado a conocer en conjunto por ambas entidades.
Según la nota de prensa, «a la fecha no se ha iniciado una investigación por los hechos denunciados en la petición inicial (denuncia ante la CIDH) y no existe respuesta de los recursos de inconstitucionalidad y amparo interpuestos por la organización (nicaragüense defensora de los derechos humanos) ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Por el contrario, las agresiones en contra de las personas defensoras continúan».
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Asimismo, el Cenidh denuncia que una de las agresiones de más graves y recientes contra la organización ocurrieron el 29 de enero de 2021 cuando empleados del Gobierno iniciaron trabajos para la «demolición» de las instalaciones confiscadas arbitrariamente al organismo. «Así, el Gobierno de Nicaragua no solo ha cancelado la personería jurídica del Cenidh, sino que además, se ha apropiado ilegalmente de sus bienes e instalaciones en un contexto de intensificación de la represión estatal en contra de los y las defensoras, como lo ha sido denunciado por la CIDH en sus últimos comunicados».
De acuerdo con la explicación del organismo nicaragüense, la petición inicial presentada a la CIDH es el primer paso en un proceso que busca llevar a juicio al Estado en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, del cual Nicaragua forma parte por su adhesión a la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
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Con la notificación hecha esta semana al Estado, sobre la demanda interpuesta en su contra, la CIDH da inicio al trámite del caso y a partir del 4 de febrero de 2021, la administración Ortega-Murillo tiene tres meses para presentar sus observaciones, y dar cuenta de las violaciones de derechos humanos cometidas contra miembros del CENIDH.
«Para el Cenidh y el Cejil, la solicitud realizada por la CIDH constituye un avance en el camino de búsqueda por la justicia para las personas defensoras Nicaragua y especialmente la defensa de la causa del Cenidh. Estamos muy animados, esto ya implica que hay un primer examen a nivel internacional de la situación de agresión contra el derecho de asociación, contra el “derecho a defender derechos” y una preocupación, por los efectos, a los derechos humanos de la población», según indicó la doctora Vilma Núñez de Escorcia, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos.
Tres meses es demasiado tiempo, pero al menos es un inicio. Estos atropellos llevan años, no es de hace unos pocos días, y hasta demolieron las instalaciones. Y los asesinos dirán q participaron o financiaron el golpe de estado, eso lo han repetido muchas veces en OEA